La ley por encima del clamor
Las resoluciones que disponen la excarcelación de Betssy Chávez —por nulidad de la prolongación de su prisión preventiva— y de Martín Vizcarra —por insuficiencia de peligro procesal— han desatado reacciones previsibles: indignación, sospechas de favoritismo y el grito fácil de “impunidad”. Comprendemos el cansancio ciudadano frente a la corrupción y al uso político del poder. Pero una República no se gobierna con gritos: se gobierna con leyes. Y las leyes, cuando se cumplen, no siempre satisfacen al estado de ánimo del día.
El caso Chávez revela un problema grave y repetido: la banalización de la prisión preventiva. El TC ha constatado que se mantuvo a una persona encarcelada sin orden de captura vigente y con una prolongación mal tramitada. No hay causa noble que justifique la cárcel sin papeles en regla; la forma es contenido en un Estado de derecho. Si la Fiscalía no gestiona plazos ni sustenta a tiempo, la consecuencia es jurídica, no emocional. La prevención no puede convertirse en pena anticipada.
El expediente Vizcarra, en cambio, nos recuerda otro estándar mínimo: privar de libertad exige pruebas sólidas de peligro de fuga u obstaculización. La Sala revisora encontró arraigos suficientes y motivaciones fiscales y judiciales que no superaban el umbral exigible. La prisión preventiva no es castigo para aliviar frustraciones políticas ni válvula para resolver investigaciones mal llevadas. Es una medida excepcional que debe justificarse con “auténticas razones”, no con fórmulas.
Nada de lo anterior equivale a absolver a nadie. Chávez y Vizcarra deben seguir sometidos al proceso, responder por sus actos y, si corresponde, recibir condena ejemplar. Pero la sentencia llega al final, no al comienzo. Defender la legalidad hoy es condición para que las condenas de mañana sean incuestionables.
Hay lecciones institucionales claras. A la Fiscalía: sus requerimientos deben ser oportunos, precisos y bien motivados; los plazos no son sugerencias. Al Poder Judicial: menos automatismos, más control de calidad en las resoluciones y mayor vigilancia sobre el uso de la prisión preventiva. Al Tribunal Constitucional y a las salas superiores: coherencia y previsibilidad; cambiar criterios según el personaje erosiona la confianza pública.
La ciudadanía también tiene tarea. Exijamos justicia, no venganza. Si aceptamos encarcelar sin papeles o con motivaciones defectuosas porque “no nos gustan” los procesados, mañana cualquier ciudadano podrá ser víctima de la misma arbitrariedad. La lucha contra la corrupción necesita investigaciones sólidas, juicios rápidos y sentencias firmes; no atajos.
En Expreso lo decimos sin rodeos: la ley se cumple nos guste o no. Es legítimo cuestionar fallos, pero es imprescindible leerlos, discutirlos y, si se discrepa, impugnarlos con argumentos, no con amenazas. La fortaleza de una democracia se mide cuando el poder y la opinión pública chocan con las garantías. En esos momentos, elegir la legalidad es lo que nos separa de la anarquía.
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