La ley del libro

Es cierto que la minería es el motor económico del país, que la construcción produce mano de obra inmediata y que el ingenio del peruano permite sobrellevar la recesión económica o el desempleo. Sin embargo, creo que nadie duda de que la solución a largo plazo y de modo constante para los problemas del país es la educación. Invertir en educación nos convertirá en un país justo, respetuoso y honesto. Confrontará la tentación de la corrupción, fomentará la disciplina y el respeto por el otro, y logrará que sanen las heridas para unir a los ciudadanos. Lo sabemos todos. Por eso el esfuerzo de miles de familias para que sus hijos estudien en universidades e institutos, y la exigencia de todos porque esta sea de calidad. En ese sentido, debería ser una prioridad concordada por los distintos ministerios el establecer una política que estimule la educación y que facilite su acceso.

La ley del libro actual rige hasta el mes de octubre, por lo que diversas instituciones han propuesto una serie de mejoras que se discutirán este 25 de julio en el Congreso. Los beneficios tributarios de la ley del libro —la exoneración del IGV, entre otros— han sido cuestionados por el MEF. Si estos prosperan, el precio de la venta de los libros se incrementará en casi 20%, lo que afectará no solo a los libros de literatura, sino a los textos escolares y universitarios. Si lo que busca el Estado es incrementar las arcas de la Sunat, castigar los libros con impuestos no solo es torpe, sino que ineficiente. El Estado debería ser el primero en promover la industria del libro, y eso pasa por empoderar económicamente al Ministerio de Cultura, cautelar que las bibliotecas abandonen la costumbre de vivir de donaciones y compren libros a un precio justo en todo el país; lo cual no solo estimula el circuito del libro, sino que facilita el acceso a la información, a la reflexión, a un mejor futuro. Estemos atentos.