La legitimidad

Max Weber —sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán— distinguió tres tipos de dominación legítima: la tradicional, la carismática y la racional-legal en su obra Economía y sociedad (1922). En teoría, un país moderno como el Perú debería asentarse en esta última, en la medida en que el Estado y sus instituciones aseguren obediencia porque son percibidos como justos y válidos.
Sin embargo, cada vez nos acercamos más a lo carismático y lo improvisado. Esto lo apreciamos desde el inicio de nuestra República. Así lo identificó el jurista arequipeño y expresidente del Perú Francisco García Calderón en su Diccionario de la Legislación Peruana (1896), al advertir que la proliferación de constituciones y reformas debilitaba la noción de un orden jurídico estable. Cada gobierno instalaba “su” legitimidad y, al caer, el siguiente se encargaba de deslegitimarlo. ¡Siempre empezábamos de cero! Como en una tómbola, la Constitución era la carta que se cambiaba según la conveniencia del momento. La legitimidad se confundía con “tener la espada más larga” o, en términos actuales, con “tener la bancada más ruidosa”.
Incluso los gobiernos de facto hicieron esfuerzos por dotar de legalidad a lo ilegítimo. Un ejemplo claro fue el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando el presidente Fujimori clausuró el Congreso, intervino el Poder Judicial y suspendió la Constitución de 1979. ¿Fue ilegal? Sí. ¿Ilegítimo? No del todo: más del 70 % de la población apoyó la medida (Apoyo, 1992). Así, aunque jurídicamente inválido, fue socialmente aceptado y legitimado.
Tomando esto en cuenta, podemos decir que “legitimidad” se usa con la misma ligereza que expresiones como “causa justa” o “cambio histórico”. Los políticos la invocan para justificar sus actos, desde vacancias exprés hasta marchas que paralizan el país. Es una muletilla útil, aunque muchos ni entienden su significado.
El jurista italiano Norberto Bobbio, en Estado, gobierno y sociedad (1985), fue claro al diferenciar legalidad y legitimidad: una norma puede ser válida sin ser legítima. Aquí, sin embargo, ni las leyes siempre son válidas, ni la legitimidad suele ser legítima.
La historia lo demuestra: (i) Ramón Castilla, recordado por abolir la esclavitud en 1854, se levantó en armas contra gobiernos anteriores. ¿Legítimo? Sí, pero fue un golpe de Estado. (ii) Nicolás de Piérola se proclamó dictador durante la guerra con Chile, sin procedimiento legal, pero con fervor patriótico. (iii) La destitución de Vizcarra en 2020 fue legal para el Congreso, pero ilegítima para muchos ciudadanos, lo que originó protestas y la caída del fugaz presidente Merino.
En ausencia de legitimidad institucional, surge la paralela: la del dirigente vecinal, el líder comunal o el caudillo local. Esto incrementa nuestra informalidad, jurídica y económica.
Nuestra República se resume en esta paradoja: algo puede ser legal sin ser legítimo, o legítimo sin ser legal. Francisco García Calderón ya lo dijo en La creación de un continente (1912): el Perú será obra de sus instituciones.

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