La legitimidad del gobierno

A mis alumnos del curso básico de Derecho Constitucional, les transmito entre los varios conceptos elementales propios de esa disciplina jurídica, que el Estado es sociedad políticamente organizada y que las características que definen un Estado moderno son contar con una Constitución escrita (norma de mayor jerarquía en un sistema normativo jerarquizado), aplicar el principio de separación de poderes y la elección periódica de sus gobernantes.
A la luz de los atributos que definen a un Estado moderno, y que en la práctica son un referente a hacer realidad, la situación que vive el país en las últimas semanas no puede ser más que preocupante dado que se ha puesto en cuestión la legitimidad del proceso electoral y por tanto la legitimidad del gobierno que resulte de dicho proceso.
Se han denunciado y respaldado con pericias iniciales, que ameritan una investigación a fondo en sede jurisdiccional electoral, casos de falsificación de firmas, de suplantación de miembros de mesa y de electores y hasta de sustitución de actas electorales, lo que tipifica la causal de fraude en mesa que la propia Ley Orgánica de Elecciones, prevé como causal de nulidad en su artículo 363 b).
La respuesta, antijurídica e incomprensible, de las autoridades electorales, principalmente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es hasta el momento, pese a la solicitud de los partidos políticos participantes en el proceso electoral y sobre todo de la ciudadanía, la de mantener inaccesible, en secreto, en la oscuridad, un documento como las listas electorales de mesa, que no son otra cosa que partes integrantes del padrón electoral nacional y en el que quienes han asistido a votar en cada mesa de sufragio han dejado constancia de tal asistencia, firmándolo y poniendo su huella digital.
Vale recordar que es tal la importancia del listado de electores o padrón electoral, que es mencionado más de una vez por la propia Constitución (artículos 178. 1 y 183).
Es también inaceptable que las autoridades electorales pretendan que los ciudadanos den por válidos los resultados que emiten las autoridades electorales, pese a que ellas no se muestran, en lo mínimo, dispuestas a ser fiscalizadas.
Las sesiones públicas convocadas por el JNE para tratar las apelaciones planteadas por los partidos políticos participantes en la contienda electoral son estéril ejercicio de una formalidad en la que la autoridad electoral se reduce a sí misma a una pared infranqueable, pese a estar llena de fisuras.
Lamentable situación, que de no ser enmendada anuncia la escasa o quizás nula legitimidad del próximo gobierno.

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