La legalidad y la legitimidad en la dinámica del poder

En el funcionamiento de la sociedad política, el ejercicio del poder tiene una especial importancia, cuando de él dependen los resultados de la gestión de las autoridades, en todos los niveles de gobierno, por cuanto traducirá el grado de satisfacción que tiene o no la población al percibir el nivel de efectos que se tenga respecto a la solución de sus problemas. Razón por lo cual es necesario precisar los conceptos de legalidad y legitimidad que son el marco dentro del cual se pueden analizar las consecuencias de la estructura y ejercicio del poder político, como medio a través del cual se toman las decisiones gubernamentales orientadas a administrar la cosa pública.
La legalidad tiene que ver con que el procedimiento o decisión política se encuadra a lo establecido en el ordenamiento legal vigente; es decir, hay respeto a la norma jurídica en vigor, que puede o no gustarnos, o estar de acuerdo o no a lo que ella dispone, pero se cumple y se respeta. Ello da lugar a que se califique como legal o ilegal dicho procedimiento o decisión.
En cambio, la legitimidad tiene una connotación sociológica, política o, mejor dicho, se refiere o interesa el grado de aceptación popular que tenga el referido procedimiento y/o decisión política. Lo cual significa que puede haber actos o decisiones políticas que se hagan dentro de lo previsto en las normas vigentes, pero carezcan de sintonía o aceptación con lo que la población quiere o espera del manejo del poder. En consecuencia, el acto político puede ser legal, pero tiene ilegitimidad, por cuanto el pueblo lo rechaza.
Contrario sensu: desde el ejercicio del poder se pueden cometer actos que violenten la norma legal o, lo que es lo mismo, no se circunscriban a lo señalado por la norma legal vigente, pero puedan sí tener un alto nivel de aceptación popular. En ese sentido, estamos frente a que la decisión de poder puede ser ilegal, pero cuenta con la anuencia de la población, y por lo tanto tiene legitimidad.
Entre estos dos conceptos es que se desenvuelve la dinámica política, o forma de cómo se maneja o ejerce el poder, tanto en el ámbito interno de los países como en lo externo, respecto a la comunidad internacional. Por lo tanto, corresponde a los Estados producir la normatividad que permita que, con mayor frecuencia, el pueblo tenga la oportunidad de pronunciarse directamente, y no únicamente a través de sus representantes. Pues, si es un derecho ciudadano dar el poder para que otros lo hagan en su representación, es también un derecho que, frente a la realidad existente, le debe de corresponder a la población, a fin de que ella le pueda quitar el poder a quienes se le otorgó, antes de que termine su período para el cual fue elegido. Si el pueblo tiene el derecho de dar poder, debe también tener el derecho de quitárselo a quien se lo dio, sin esperar, con impaciencia y desesperación, a que termine su mandato.
Para ese efecto, existe un instrumento que debe de ser el medio que permita que la democracia no se quede solo con ser representativa, sino sea también participativa; dando lugar a poder acercarse a una democracia directa o semidirecta, donde el pueblo pueda manifestarse sin intermediarios (llámese congresistas o parlamentarios; diputados o senadores). Ese instrumento, o institución política, es la revocatoria de autoridades que, en el caso del Perú, se ha previsto para las autoridades electas a nivel regional y municipal, y los jueces que asuman el cargo por votación popular; pero, como era de esperarse (“hecha la norma, hecha la trampa”), quienes la establecieron “se pusieron a buen recaudo”, cuando no se permite su uso contra las autoridades nacionales, como un efectivo mecanismo directo de control político ciudadano.
En consecuencia, no hay que dejar de decirlo, tal vez, con poca esperanza que nos escuchen, si se necesita urgentemente modificar alguna norma, es la que tiene que ver con el alcance y la aplicación de la revocatoria, la cual también debe de alcanzar a las autoridades electas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.

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