La justicia y el acoso

No saben lo que se siente vivir con el pánico de que tu acosador cumpla su palabra y te encuentre. Sentir la ansiedad de entrar a tus redes sociales y ver un mensaje, uno de tantos, que, disfrazado de admiración, te hace sentir invadida, observada y cosificada por un cobarde que está siempre al acecho y pendiente de tus movimientos. Lo más indignante es creer que la solución se encuentra en bloquear, ignorar, no hacer caso, “ya se va a cansar”. Y, cuando tomas fuerzas y decides denunciar, no pasa nada.

En nuestro país, el delito de acoso no tiene una pena mayor a cuatro años. Es decir, normalmente se suspende la pena. Por otro lado, el acoso sexual tiene una pena no mayor de cinco años; con agravantes, puede alcanzar ocho años. Sin embargo, las medidas de protección y advertencias de no acercarse a la víctima no son impedimento alguno para que el acosador regrese por ella. Además, la pena no mide el impacto que este tipo de violencia tiene sobre la salud emocional de la víctima y su entorno familiar.

Lo que le ha pasado a la periodista Manuela Camacho es un claro ejemplo de lo que los operadores de justicia no deben hacer con las víctimas de acoso sexual. Su acosador tiene en su haber a varias periodistas víctimas de su enfermiza obsesión, que, incluso con denuncias y medidas de protección a su favor, han tenido que soportar a su agresor libre y reincidente en su conducta violenta. El 11 de junio de 2023, Camacho denunció a su agresor por acoso y chantaje sexual, otorgándosele medidas de protección. Laynes incumplió estas medidas y fue detenido en flagrancia. Sin embargo, la sentencia que recibió fue de pena suspendida; salió en libertad y volvió a acosar a su víctima. Esta es la justicia de todos los días para las víctimas de violencia: ciega, sorda e indolente.

El acoso sufrido por Camacho también es una forma de callarla. Las mujeres que cumplen la labor de informar están expuestas a sufrir este tipo de atentado contra su libertad de expresión. Si le sumamos una actitud poco empática, como el envío de una carta notarial por nada menos que la autoridad encargada de impartir justicia, cuestionando la disconformidad de la víctima expresada públicamente, la situación se torna más grave.

Entendamos que los funcionarios y servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público, y nuestro umbral de tolerancia ante la crítica mordaz e incómoda debe ser amplio. Claro, podemos ejercer nuestro derecho a defendernos ante hechos que cuestionan nuestro honor o prestigio profesional, pero este derecho debe ejercerse con responsabilidad y razonabilidad, más aún cuando estamos frente a periodistas víctimas de violencia.

Las autoridades tienen el deber funcional y moral de agotar todas las medidas que la ley permite para sancionar la violencia, proteger y reparar a la víctima. El marco convencional y legal obliga al Estado a tomarse en serio la violencia contra las mujeres.

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