La justicia internacional que no es justicia

Gran parte del problema de la administración de justicia arbitral internacional radica en el poco entendimiento del objetivo real de este sistema, que es resolver controversias de inversión internacional a favor de los intereses de las empresas, cuyos dueños promovieron su creación. Ningún órgano de justicia internacional resolverá en contra de los intereses de quienes lo crearon y lo mantienen con evidente poder coercitivo sobre los Estados. No entender esto, y continuar sometiéndose a este sistema como país, no tiene justificación alguna.
Eso explica las sentencias a favor de Kuntur Wasi y de Enagás, en contra del Estado peruano, en que se advierte que la situación generada por gravísimos casos de corrupción y de grave afectación a los intereses del Estado no les parece, a los jueces del CIADI, sean causas de fuerza mayor justificantes de la cancelación de los contratos, sin derecho a indemnización alguna a favor de las empresas consorciadas, y más bien debiendo ordenarles el pago de una indemnización a favor del Estado, por ser responsables, por la pertenencia al consorcio, de los actos ilícitos que acarrearon su cancelación.
El razonamiento jurídico de los jueces del CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un centro de arbitraje internacional constituido en base a un tratado multilateral, suscrito por países, como Perú, a los que se les condiciona el acceso a la banca mundial y al desarrollo, en el marco de las agendas impuestas a cada país según los intereses de las empresas y/o de los países inversionistas, es que no importa la corrupción ni los contratos lesivos a los intereses nacionales: los contratos se cumplen sin dudas ni murmuraciones, y si los cancelas, debes pagar una indemnización a las empresas corruptas.
Razonamiento contralógico que evidencia la parcialidad manifiesta de los jueces del CIADI en estos casos, y que coloca al Perú en la necesidad de adoptar una posición clara respecto al juzgamiento irracional en que ha devenido este organismo, en el cual no se justifica permanecer.
Que los serios informes originales de la Contraloría sobre el caso Chinchero y el Gasoducto Sur hayan terminado en persecuciones políticas y judiciales del excontralor Edgar Alarcón y los funcionarios ejemplares de la Contraloría —organismo que desmantelaron por encargo de la mafia gubernamental de PPK— y en extrañas absoluciones de los culpables en el Poder Judicial, exigen una debida investigación, pues es evidente que con estas resoluciones de tinta criminal las empresas favorecidas las hayan blandido ante el CIADI para alegar falsamente inocencia y ser víctimas de abuso de poder.
No permitamos la imposición de una justicia internacional que no es justicia.

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