La inseguridad y el paso inexorable

La inseguridad se agrava y desde Lima se esparce a otras regiones del país, y si queremos soluciones concretas no se debe hacer lo mismo que ya probó ser ineficiente en Pataz y también en la capital; la simple declaratoria de emergencia, sin más luces que un decreto supremo que no pasa de ser solo un gesto político.
Ahí quedan los irresponsables presidentes que, incapaces de crear una corriente regional de rechazo al bárbaro régimen impuesto en Venezuela, allanaron el ingreso de cientos de miles de extranjeros sin control de requisitorias, sin inteligencia mínima, ni un plan para gestionar el incremento poblacional brusco.
Siempre hubo delincuencia y crímenes en el Perú, y su máxima expresión la impuso Sendero Luminoso, que demandó de los peruanos un esfuerzo excepcional para abatirlo; antes y después de los episodios terroristas, el crimen fue acotado y controlable, con hipos remanentes; pero el sicariato, “gota a gota” y otras modalidades son agresiones que vienen de fuera ante la pasividad estatal. El problema confirma también la delgada línea que hoy separa la defensa interna de la externa.
Junto al crimen desbocado, hoy convergen otras dos verdaderas tragedias nacionales: la infiltración y corrupción de segmentos importantes del sistema judicial y el no menos penoso espectáculo de algunos indeseables efectivos de nuestra Policía Nacional. Ambas son organizaciones fundamentales en el combate al crimen y que siempre estarán a salvo como instituciones, pero los casos que vemos causan desconcierto, y sin la casa ordenada y pétrea es imposible salir a pregonar orden en la calle.
Vivimos un estado de anarquía del derecho donde fiscales y jueces incumplen leyes con ardides que pulverizan la legalidad y envían un fuerte mensaje al crimen: la ley se puede cumplir o incumplir a conveniencia, y con ello sumen al Perú en el caos más oscuro. Así las cosas, viene lo inexorable y se deben tomar medidas “preventivas” ante lo peor que está por llegar.
La declaratoria de estado de emergencia nacional está en el horizonte, pues vivimos un ambiente que configura la antesala de lo que se conoce como “guerra irrestricta”. Cualquier medida en ese sentido debe venir con un marco legal claramente definido, con protocolos sin espacio para dudas, que empoderen a quienes van a arriesgar sus vidas para salvar la de otros y eviten que el Estado confronte con el mismo Estado, donde el Ejecutivo ordene y el Judicial persiga a quienes usan las leyes y las armas del Estado.
El Comando Conjunto en algún momento deberá asumir mayores responsabilidades y es urgente potenciar el sistema de inteligencia; ningún plan tiene sentido sin este estratégico insumo; asimismo, se tiene que acelerar procesos para profesionalizar un segmento importante de las tropas, particularmente del Ejército. El componente humano es crucial en las FFAA del siglo XXI, y si los conscriptos fueron vitales en 200 años, hoy los profesionales con alta dosis de entrenamiento son imperativos. Entrenamiento que la elevada rotación de conscriptos no permite, y los bajos niveles de entrenamiento desenlazan en bajos niveles operativos.
Todo ello demanda un liderazgo firme, dispuesto a darlo todo por el Perú y asumir las consecuencias de las decisiones de Estado. Recordemos que el combate al terrorismo demandó legislación extraordinaria y también decisiones extraordinarias; estas pueden tener alto costo, pero el costo que incluye cárcel y, aun la vida, se justifican si se busca el bien común.

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