La inseguridad, la angustia y las inversiones

Los peruanos vivimos angustiados por la forma que ha crecido la inseguridad. La angustia destruye el buen vivir y frena las inversiones.

La inseguridad ciudadana se va produciendo a medida que los estados son más permisivos con quienes la generan. Todo empieza con un ilógico y exagerado respeto por los derechos humanos de los delincuentes y un irresponsable irrespeto por los derechos humanos de los ciudadanos y el de los que tienen que velar por ellos.

La angustia ciudadana logra que el instinto de supervivencia de los ciudadanos cree irrespeto por los derechos humanos de quienes la originan. A medida que esto pasa, los ciudadanos principian a crear seguridad con sus propias manos y el estado lo oculta porque esto es prueba de la indiferencia y la cobarde inacción de demasiados políticos que no se atreven a dictar las normas necesarias para enfrentarse a la delincuencia si es que creen que este enfrentamiento puede afectarlos políticamente.

No solo eso, muchos políticos, para esconder su irresponsabilidad, acusan de atentar contra los derechos humanos a los que demandan una normatividad más severa para que se aplique a quienes son los responsables de la cada vez mayor angustiante inseguridad ciudadana.

Lo antes mencionado ha tenido una gran repercusión en la forma de actuar de nuestra policía porque se ha puesto sobre sus hombros una exagerada responsabilidad sobre el respeto por los derechos humanos de aquellos que atentan contra los de ellos (la policía) y los nuestros.

No puede ser que en circunstancias como las que vivimos se juzgue con el mismo criterio y normas a los que, en beneficio propio, atentan contra los derechos humanos de un ciudadano y a los que tienen la responsabilidad de evitarlo. En estos momentos basta leer los medios de comunicación para darse cuenta que las noticias más difundidas son aquellas que tratan sobre los atentados contra los derechos humanos de los ciudadanos y lo que es más angustiante, la impunidad con la que ella se realiza.

Es por ello que se requiere que existan jueces que se sitúen en las circunstancias de aquellos que ponen en riesgo sus derechos humanos para evitar que la angustia ciudadana destruya nuestro buen vivir y atente contra la inversión.
En defensa de sus derechos humanos se debe permitir al policía a exigir al detenido que enseñe las manos y que el no hacerlo sea una falta grave que, como es en EEUU, pueda dispararle haciendo lo posible de no matarlo. Así mismo, los jueces deben ser severos cuando se trata de la detención de un ciudadano con prontuario.

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