La indispensable garantía del voto popular
El congresista José Cueto Aservi, Almirante retirado de la Marina, presentó un proyecto de ley el 10 de enero de 2023 para reformar la legislación electoral peruana, proponiendo que, en todo comicio, dos de los seis ejemplares del acta electoral sean entregados, uno al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otro a la Policía, “para que ambas instituciones actúen de garantes en todo acontecimiento electoral en el país”.
Transcurridos quince meses desde entonces, Cueto Aservi ha confirmado a EXPRESO haber remitido sendos oficios a la Comisión de Constitución, solicitando que se priorice el citado proyecto de ley. “Todos los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo. No sé por qué no ponen en agenda esa iniciativa; ignoro si no quieren o no tienen tiempo, pero seguiré insistiendo”. Actualmente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo entrega una copia del acta a la ONPE y otra al Jurado Electoral Especial de cada jurisdicción.
Estamos a año y ocho meses del siguiente proceso electoral. ¡Y al ritmo que se mueven las iniciativas en este país, el tiempo apremia! La Comisión de Constitución necesita inmediatamente poner en debate la iniciativa de Cueto Aservi. Teniendo presente la situación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por Jorge Luis Salas Arenas, con antecedentes de manipulación en las elecciones de 2021 que consolidaron el triunfo de Pedro Castillo, es indispensable aprobar el proyecto de ley para que las FFAA y la Policía recuperen su estatus de garantes de las elecciones.
Perú actualmente sufre de inseguridad jurídica, donde el Ministerio Público se ha transformado en un superpoder inconstitucional, chantajeando a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No podemos depender de una persona como Salas Arenas para garantizar la limpieza de los futuros comicios.
Es necesario devolverle la participación a los Institutos Armados como guardianes constitucionales de la Soberanía, la Seguridad Nacional y el Orden Interno, retornando al cumplimiento de la Constitución original para asegurar la pureza de las elecciones, privilegio que estuvo vigente durante décadas hasta que las ONG secuestraron fácticamente el poder.
Este país necesita recuperar la seriedad en el ejercicio del voto popular, considerado lo más sagrado en toda nación que se respete, como expresión de voluntad de millones de ciudadanos para que su país sea gobernado por quienes sus habitantes voten mayoritariamente; no según lo decida un burócrata, por más presidente del JNE que sea. Los Institutos Armados continúan siendo entidades confiables, capaces de certificar la transparencia electoral en su condición de reserva ética y moral de los 33 millones de ciudadanos, quienes demandan se cumpla la expresa voluntad de esta atribulada sociedad peruana.
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