La inclusión que excluye

La noticia de los baños del aeropuerto ha despertado nuevamente la polémica en torno a los derechos del colectivo LGTBI y sus demandas de inclusión y trato no discriminatorio. Diversos organismos internacionales han dado cuenta de su situación de vulnerabilidad ante discursos de odio orientados a discriminarlos y estigmatizarlos.

De otro lado, tenemos otra realidad que nos golpea en la cara: la violencia sexual contra mujeres y niñas, cuyos casos se incrementan cada año. Sólo en lo que va del 2023, los casos reportados ascienden a más de 20 000 denuncias, de los cuales el 70% eran mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual.

Lo que muchos no saben es que los baños públicos separados por sexos es producto de la larga lucha de las mujeres en la reinvindicación de sus derechos sociales que comenzó en el siglo XIX, con la Asociación Sanitaria de Damas alentadas por el movimiento sufragista, pues el acceso a un baño público era considerado como parte de su derecho a vivir en condiciones dignas. Fue tras la Primera Guerra Mundial que se logra la instalación de baños públicos para las mujeres obreras, lo cual sumó al trato igualitario ante la ley.

Ahora bien, las voces que acusan de transfóbicos a los que reclaman por la inclusión de personas transgénero en los baños de diferente sexo, señalan que no existen estadísticas que revelen que mujeres o niñas han sido atacadas en los baños públicos, como si los casos reportados de violencia sexual fueran procesados en razón a la identidad de género y no del sexo del agresor, por evidentes razones. Con esto no quiero decir que las mujeres trans violen mujeres o niñas, sino que el agresor puede aprovecharse de estas políticas inclusivas para cometer su delito.

En segundo lugar, como pedir estadísticas ciertas en un país donde a la fecha no existe un registro unificado de denuncias que nos permita ver la real dimensión de la violencia contra mujeres y niñas, lo cual incluso, ha sido una de las recomendaciones emitida por el Comité de los Derechos del Niño en el año 2016. Ni que decir de la cifra oculta detrás de la violencia sexual, aquellos que no se denuncian por temor o miedo a la represalia o a la revictimización por un sistema de justicia muchas veces insensible.

Lo que si existe son obligaciones del Estado Peruano en materia de derechos de las mujeres a vivir libres de violencia tanto en el espacio público como privado así como el deber de actuar con la debida diligencia para prevenirla. Y nuestros niños, también tienen derecho a la higiene, lo cual comprende el acceso a servicios sanitarios en un lugar seguro, tal como UNICEF advierte en su “Manifiesto de Higiene y Salud en tu escuela”: baños mejorados, privados, seguros y separados por sexo. El derecho a la identidad de genero basado en la autopercepción no es superior al derecho de niños y mujeres a sentirse seguros en un espacio público.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.