La importancia del gasto público

Diariamente, los peruanos sufrimos las consecuencias de una mala gestión pública. Hospitales en situación deplorable, desabastecidos de medicamentos o colegios que no cuentan con internet o sin servicios de agua y desagüe; incluso cuando somos víctimas de la inseguridad ciudadana, los contribuyentes no podemos evitar preguntarnos: ¿a dónde se van nuestros impuestos? y, sobre todo, ¿quién se hace responsable ante la mala gestión de los recursos?
En primer lugar, es importante saber que el presupuesto nacional no solo es una herramienta de gestión de la administración estatal, sino una guía de cuánto y cómo debe invertirse lo recaudado en obras y servicios públicos con el objetivo de generar valor público. El gasto público tiene por finalidad favorecer el ejercicio de nuestros derechos constitucionales a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros, con eficacia, eficiencia y equidad. Por lo menos, esta es la teoría.
Conforme lo establece la Constitución, la programación y ejecución del presupuesto nacional responde a criterios de eficiencia en razón de las necesidades básicas de la población y a criterios de descentralización. Si bien el Congreso aprueba el presupuesto anualmente, no tiene competencia para crear ni aumentar el gasto público. Sin embargo, la Comisión de Presupuesto desarrolla una importante labor en el análisis que realiza al dictaminar la ley de presupuesto, pues en el debate reflexivo, el Poder Ejecutivo puede modificarlo a favor de la estabilidad económica y la provisión de las necesidades básicas de la población.
Lamentablemente, este balance técnico-político mostrado durante el procedimiento de aprobación del presupuesto no se da al momento de ejecutar el gasto público. El bajo porcentaje en la ejecución del gasto público en los gobiernos regionales y provinciales es un diagnóstico de la deficiente priorización del gasto, de la burocracia, de la ineficiencia en la administración de los gobernadores y alcaldes de las zonas con más carencias y necesidades básicas.
La respuesta de la ciudadanía debe ser la fiscalización, activar los mecanismos de control, sobre todo cuando se tiene conocimiento de actos de corrupción e incluso apelar a los controles políticos de revocatoria y rendición de cuentas.
Es importante concientizar a la población sobre la importancia de la vigilancia ciudadana para lograr calidad en el gasto público: así también su necesario rol fiscalizador del deber funcional de administrar la hacienda pública con responsabilidad, ética y probidad.
Finalmente, no perder de vista la relevancia constitucional del rol del Sistema Nacional de Control para la adecuada conducción de la política económica, así como la correcta administración de los recursos públicos.

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