La importancia de prevenir la violencia infantil

A partir de la Convención de los Derechos del Niño, se ha desarrollado el derecho al buen trato de los niños como parte de las responsabilidades del Estado peruano así como de los padres de familia de garantizar a los niños y niñas protección y cuidado en diversos aspectos de su vida.

En esta línea, el Estado peruano despliega una serie de acciones a favor de promover el buen trato como derecho desde su desarrollo, tal como lo señala el artículo 3-A del Código de los Niños y los Adolescentes “Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que implica recibir cuidados, afecto, protección, socialización y educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se le brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, tutores, responsables o representantes legales, así como de sus educadores, autoridades administrativas, públicas o privadas, o cualquier otra persona”.

De otro lado, durante los 31 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño en el Perú se han implementado normas, políticas y servicios orientados a la prevención, atención y sanción de la violencia infantil, como la Ley Nº 30403 que prohíbe el castigo físico y humillante, entre otros. Sin embargo, es importante contar con una legislación que prevenga, aborde y sancione de manera específica la violencia infantil.

En este sentido, la Ley Nº 30364 y su reglamento, deben mencionar a los niños como un grupo de especial protección y no incluirlos dentro de la categoría “grupo familiar” porque a la luz de la Convención de los derechos del Niño, la niñez es una población vulnerable plenamente identificada y protegida como tal, sin importar si son hombres o mujeres.

Son estos “inadvertidos” tratos diferentes ante la ley, los que pueden desequilibrar la balanza de la justicia frente a un caso de maltrato infantil porque las normas y políticas de prevención y atención deben obedecer a la urgencia y prioridad que exige por tratarse de menores de edad.

En el caso de Lucio, la jueza que otorgó la tenencia a la madre no valoró los anteriores ingresos del menor a centros de salud por fracturas y golpes.

Si bien, nosotros contamos con una ley que favorece la custodia compartida, lo que falla en el sistema es el seguimiento de los casos y la responsabilidad frente a un caso de violencia infantil. En este sentido, la innovación que trae la “Ley Lucio” permite sancionar a cualquier funcionario público que conociendo, no denuncie ni comunique el hecho ante las instancias pertinentes; asimismo, dispone capacitaciones obligatorias y medios exclusivos de denuncia directa. Ciertamente, medidas que le dan la debida visibilidad al maltrato de los seres mas inocentes, muchas veces invisible e ignorado.

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