La importancia de la jerarquía normativa en democracia

El título del presente artículo obedece a la necesidad de asimilar de manera consciente que un sistema democrático sólo puede ser perfectible en la medida que se resguarde el Estado de derecho y no se caiga en la tentación de otorgarse licencias para transgredir la normativa vigente en un país y especialmente la jerarquía establecida por el ordenamiento jurídico. Ello significa que, como en cualquier país que se jacte de democrático, en la cúspide del conjunto de normas promulgadas, está y debe continuar así, la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales pactados por el Estado en materia de Derechos Humanos, los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad y tienen efecto vinculante al interior del territorio de cada Estado.
Empero advertimos que en muchos países, entre ellos el Perú, se hizo una costumbre que por una determinada necesidad o interés político, se suele incurrir en la transgresión de la referida jerarquía normativa, promoviendo leyes desde el Congreso, incluso decretos desde el Poder Ejecutivo, los cuales en su contenido y para su posterior aplicación, contienen artículos que flagrantemente contradicen los preceptos constitucionales, transgrediendo la referida jerarquía normativa, por ende afectando el Estado de Derecho que debe resguardarse en todo sistema democrático.

Hago mención a este antecedente porque guarda relación con el comportamiento que viene adoptando el actual gobierno del Perú en varios casos, entre ellos el último relacionado a la promulgación de un denominado “Decreto de Emergencia”, a través del cual, define arbitrariamente los procedimientos administrativo financieros a los que deben someterse las universidades públicas en el manejo de sus recursos económicos, así como en relación con la administración de dichos recursos.
La disposición legal en cuestión, tanto en la redacción, así como en el espíritu que le caracteriza, expone una marcada posición anti universitaria y específicamente anti autonomista, al pretender que, justamente ese manejo de recursos o fondos percibidos por las universidades públicas, provenientes del soporte estatal, estén reguladas por el susodicho “Decreto de Emergencia”. La lectura del citado instrumento jurídico, expone de manera ostensible la intención del gobierno, de convertirse en una instancia supra universitaria, con la gravedad de “rayarle la cancha” a las universidades, imponiéndoles un procedimiento para el manejo de recursos percibidos, llegando al extremo de pretender normar hasta el modo de aplicación de los recursos. Es decir, el régimen gubernamental, omite el antecedente valioso e importante de que, en el Perú existe una Constitución Política del Estado, que es la norma supralegal y que tiene aplicación preferente frente a cualquier otra norma jurídica.
Hago énfasis en este concepto, precisamente porque, en cualquier Estado democrático, es la Constitución la que se aplica preferentemente y resulta que, en la actualidad, por decisión unilateral del gobierno, se pretende confrontar con la Constitución, emitiendo normas que no son de su competencia y confrontando con lo establecido en los artículos 18 y 51 de la Constitución Política del Estado. El Art. 18 consagra la Autonomía Universitaria, estableciendo que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico…” . El Art. 51 establece el principio de que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal…”
Queda demostrado que el actual régimen de gobierno, pretende aniquilar la Autonomía universitaria a través de un simple decreto, bautizandolo “de emergencia”, como si ese calificativo estuviera liberándolos de la obligación de respetar la jerarquía normativa.
Si las autoridades gubernamentales pretenden asumir funciones de instancia supra universitaria, es pertinente recordarles que, a mediados de 2022, el Congreso promulgó la Ley 31520, a través de la cual se subsana un daño que se había ocasionado al Estado de derecho en el Perú. Dicha ley restituye la Autonomía Universitaria, norma que fue declarada Constitucional por el Tribunal Constitucional, por tanto, cuenta con el respaldo democrático respectivo.
Considero que aún hay tiempo para corregir el error y el abuso, la solución es simple, que el Gobierno derogue y deje sin efecto el “Decreto de Emergencia” en cuestión. Esperemos que a la brevedad posible acontezca este reparo.

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