La ilegitimidad de los actos públicos
El ejercicio del poder implica el reconocimiento de los principios que deben observarse para garantizar la legitimidad de los actos de gobierno dentro del respeto del Orden Constitucional. Cualquier vía de evitamiento al cumplimiento de las normas constitucionales o legales es fuente de ilegitimidad de los actos públicos. Pero también lo es la inobservancia de los demás principios que los legitiman, como es la pertinencia del acto y la moralidad y ética en su concepción y ejecución.
No puede reconocerse como legítimo, por ejemplo, el acto represivo de la protesta social de Bagua, pues a pesar de provenir de una orden presidencial, instigada por la entonces ministra Mercedes Aráoz, fue impertinente, porque la Policía ya había logrado un acuerdo con los pobladores, siendo innecesaria una intervención represiva, y porque además era antiético e inmoral, al no importar la probable muerte de ciudadanos y de policías, consecuencia previsible.
El principio de legitimidad de los actos propios en el gobierno se sustenta en dos elementos: la capacidad legal del que gobierna para efectuar el acto y la capacidad moral para hacerlo. La errónea decisión de Bagua acusa un incumplimiento de estos requisitos, por cuanto entonces Aráoz justificaba esta represión “en que los TLC no se caigan”, evidenciando carencia de capacidad moral para estar en el nivel de gobierno de impulsar o adoptar tales decisiones.
Ahora Martín Vizcarra amenaza a la nación con su decisión personalísima de adelantar las elecciones, bajo la falsa premisa de que la crisis política es responsabilidad del Congreso, el que además no le ha aprobado la cuestión de confianza de sus reformas constitucionales, lo que requiere una solución: cerrarlo un año antes del término de su mandato vía adelanto de elecciones.
Tal decisión carece de legitimidad, porque siendo falsos sus fundamentos está violando el Orden Constitucional, y deviene en ilegal, demostrando su carencia de capacidad moral para decidir este acto de gobierno que tergiversa la realidad y propicia un golpe de Estado revestido de falsa legalidad.
Su reiterada arbitrariedad de impedir el funcionamiento constitucional del Congreso, su manipulación política del Ministerio Público y Poder Judicial, su encubrimiento de la responsabilidad penal y obligaciones del grupo Odebrecht y sus consorciadas, sus 48 denuncias penales, y este montaje falaz de golpe de Estado, son más que suficientes motivos para vacarlo por incapacidad moral en debido cumplimiento del artículo 113.2 de la Constitución.
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