La grave situación de Myanmar

Hace más de 7 años se produjo un golpe de Estado en Birmania –oficialmente desde 1989 República de la Unión de Myanmar–, un país de más de 59 millones de habitantes, ubicado en el denominado Sudeste Asiático, y la persistencia de su resultado ha confirmado el enorme poder que sigue manteniendo la casta militar birmana desde que, en 1948, alcanzaron su independencia del Reino Unido. Ubicado entre India, Bangladesh, Laos, China y Tailandia, este país mayoritariamente budista y con más de 100 etnias, en 2017, por tercera vez en su historia contemporánea, soportó un golpe militar –antes sucedió en 1962 y 1988–, convirtiéndolo en un país con una institucionalidad política realmente vulnerable. Los militares nunca se han despojado del poder político y para ello introdujeron en la Constitución que el 25% de escaños en el poder legislativo sea ocupado precisamente por los uniformados de ese país. La figura política e internacional más relevante de Birmania, sin duda, es Aung San Suu Kyi, activista nuevamente presa, que por su defensa de los derechos políticos –su padre fue un descollante líder y héroe del proceso de independencia de Birmania, que fuera asesinado cuando ella contaba apenas dos años de edad–, tuvo que pasar casi dos décadas recluida en cárceles o con arrestos domiciliarios. Fue reconocida por su pueblo que la volvió icónica, siendo merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1991 y su partido, la Liga Nacional para la Democracia, llegó al poder en 2015 y ganó otra vez ese derecho en las elecciones de noviembre de 2020, aunque los militares insistentemente lo señalaron como fraudulento. Ella sigue detenida junto a muchos de sus colaboradores. Ante la ola de violaciones y crímenes por actos represivos contra la minoritaria población musulmana rohinyá, la mayor comunidad de apátridas en el mundo y uno de los mayores grupos sociales que ha debido migrar para ponerse a salvo, fue imputado por ello el general Aung Hlaing, que lideró el golpe militar, y que fue denunciado ante la Corte Penal Internacional. Lo cierto es que los militares han preferido el control político del país que sigue siendo uno de los Estados con imperio marcial y dominante contra la referida minoría étnico-religiosa. Las Naciones Unidas debería concentrar el mayor de sus esfuerzos en su protección, a la luz de las enormes arbitrariedades que se imputan al régimen contra este pueblo abandonado a su suerte a pesar de los esfuerzos humanitarios, hay que decirlo.

(*) Excanciller del Perú e Internacionalista

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