La Fiscalía ha perdido el rumbo: ¡reforma ya!

El Ministerio Público ha perdido el rumbo. Politizada e ideologizada, hoy ha dejado de responder a su misión principal: defender la legalidad y combatir el crimen; y no podemos estar de espectadores de su marcado deterioro institucional. Por ello, desde la Bancada de Renovación Popular hemos presentado el Proyecto de Ley 11811: “Ley de Reforma Constitucional para Garantizar el Ejercicio Autónomo e Independiente de la Función Pública e Integridad Funcional del Ministerio Público”.
¿Qué propone esta reforma?
i) Declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público, por el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.
ii) Suspender las funciones del actual fiscal de la Nación y de los fiscales supremos titulares durante el periodo de emergencia.
iii) Designar una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, compuesta por siete miembros seleccionados mediante concurso público por la Junta Nacional de Justicia.
iv) Encargar a dicha junta la elaboración de dos proyectos de ley fundamentales: la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Carrera Fiscal.
Y todo ello no demandará nuevos gastos al erario público, ni creará estructuras adicionales, sino que se utilizará el presupuesto ya asignado al Pliego 022 – Ministerio Público. Así que no hay pretextos técnicos ni económicos que valgan para detener esta iniciativa basada en un clamor popular: según datos del INEI, el 69 % de los ciudadanos desconfía del Ministerio Público, y según el IEP, un 71 % desconfía de la Fiscalía de la Nación.
Casos como Odebrecht, Los Cuellos Blancos del Puerto o el Club de la Construcción han confirmado lo evidente: tenemos una fiscalía que actúa selectivamente, archiva las investigaciones de sus aliados y persigue con saña a quienes no se alinean con su agenda ideológica. El colmo de esta descomposición fue el acuerdo secreto firmado con Odebrecht, ocultado por años al Congreso y a la ciudadanía, revelado solo por mandato del Tribunal Constitucional.
¿Autonomía? Sí. ¿Impunidad institucionalizada? No. Tenemos que salvar a la Fiscalía de su colapso funcional. Por eso, durante este proceso, la fiscal de la Nación y los fiscales supremos en ejercicio serán reemplazados por una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, designada por concurso público. Esta junta asumirá la conducción institucional y, a su vez, presentará en 60 días dos proyectos de ley clave: la “Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público” y la “Ley de Carrera Fiscal”.
Tal como ocurrió con el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, hoy el Congreso tiene el deber constitucional de actuar; y el Tribunal Constitucional ha reconocido también la validez de reformas estructurales mediante disposiciones transitorias en casos excepcionales.
¡No más fiscales activistas, la reforma del Ministerio Público es inaplazable y urgente!

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