La fiscal contra la democracia
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quiere desaparecer a Fuerza Popular (K), el partido con mayor arraigo popular, que pasó a segunda vuelta en las tres últimas elecciones. Espinoza no parece darse cuenta de su flagrante incoherencia: exige respeto a la democracia, pero la embiste y se niega a acatar la institucionalidad cuando la alcanza; de hecho, deslizó que podría desconocer una eventual resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), si la suspende. Una fiscal que decide cuál mandato respetar y cuál no, encarna la negación de la legalidad.
Nerviosa o mal asesorada —vaya usted a saber—, Espinoza ha decidido embestir a la democracia. Aislada, cada vez más sola, cuestionada y probablemente con la certeza de que será alejada de su actual cargo, presentó un escrito ante la Corte Suprema para declarar ilegal a Fuerza Popular (K), el partido liderado por Keiko Fujimori, quizás queriendo congraciarse con la izquierda. Su inexplicable acto es una piedra que jamás debió tirar.
No hay una investigación penal, sino el afán de cancelar la inscripción del fujimorismo en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), para desaparecerlo. ¿A santo de qué?
Espinoza invocó el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que permite declarar ilegal a agrupaciones que incurran en conductas antidemocráticas. En su imaginario, el partido naranja habría promovido hostigamiento contra magistrados y periodistas, excluido congresistas por disidencia, justificado atentados de lo que llama “conflicto armado interno” y legitimado la violencia política. ¿Cuándo y dónde? ¿Presenta alguna lesión frontotemporal?
La Corte Suprema decidirá si admite tamaña sinrazón. De prosperar, se borraría a una fuerza política que ha representado a millones de peruanos en las últimas elecciones y sigue la línea del emprendedurismo con oportunidades, instaurado por Alberto Fujimori en los años noventa.
Una fiscal cuya permanencia está en entredicho no puede arrogarse la potestad de definir qué partido merece existir. Diversos analistas, entre ellos Christian Hudtwalcker, ven el hecho como un intento de victimizarse cuando la JNJ, que evalúa su suspensión, la aleje del cargo. Así se presentaría como una “perseguida” por enfrentarse a los “poderosos”.
En conversación con el analista Diego Acuña, Hudtwalcker mencionó que Espinoza suele seleccionar cuidadosamente los medios a los que concede entrevistas para evitar el escrutinio crítico, rodeándose de un pequeño círculo de asesores afines. También acusa a la JNJ de filtrar información, cuando la propia Fiscalía ha sido señalada por años de usar filtraciones selectivas a medios complacientes para presionar y ganar protagonismo mediático.
La Corte Suprema tiene ahora la responsabilidad de frenar este despropósito que sentaría un precedente peligroso: que una fiscal debilitada pueda usar la ley para anular a sus adversarios políticos. Rechazarlo sería un acto de defensa institucional frente a un abuso evidente.
El Perú necesita una Fiscalía que investigue delitos con pruebas, no a partidos que no le simpatizan. Espinoza no protege la democracia: la pone en riesgo. No se puede defender la institucionalidad negándose a acatar a la JNJ ni arrasando con la representación política de millones.
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