La expansión de la inmunidad parlamentaria: ¿buen paso para la protección o riesgo para la transparencia?

La reciente aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que otorga inmunidad parlamentaria a los legisladores por delitos comunes, ha generado un debate intenso y polarizado en la opinión pública. Aunque la medida entrará en vigencia en julio de 2026 y necesita ser aprobada en dos legislaturas ordinarias, su anuncio ha suscitado preocupaciones sobre posibles abusos, impunidad y riesgos para la transparencia democrática.
Es importante entender que la inmunidad parlamentaria tiene una función fundamental en los sistemas democráticos: proteger a los representantes elegidos para que puedan ejercer su labor sin miedo a presiones o represalias políticas. Esta protección busca garantizar que las decisiones legislativas no sean influenciadas por intereses externos, promoviendo la independencia de los órganos de poder. Sin embargo, extender esta protección a delitos comunes —es decir, delitos que suelen tener implicaciones penales y jurídicamente cuestionables— puede poner en jaque ese equilibrio tan delicado entre protección y responsabilidad.
El proyecto de reforma incluye, además, mecanismos específicos de control y plazos para el levantamiento de la inmunidad, lo que en teoría busca limitar el uso arbitrario de esta protección, particularmente para futuros senadores y diputados. Tales medidas pretenden evitar que la inmunidad se utilice como escudo para evadir la justicia.
No obstante, persiste la percepción de que la aprobación de esta medida puede abrir la puerta a una mayor impunidad, facilitando que algunos legisladores puedan evadir responsabilidades legítimas en casos de delitos de gravedad. Por ello, es fundamental que cualquier reforma constitucional pase por un proceso democrático riguroso, transparente y participativo, que incluya el debate amplio y el análisis de expertos.
La implementación de estos cambios debe estar acompañada de mecanismos efectivos de control, supervisión y sanción, para evitar que la inmunidad sea utilizada en beneficio de intereses particulares o para proteger a actores corruptos. Finalmente, cabe preguntarnos si esta ampliación aportará verdaderamente a robustecer la democracia o si, por el contrario, facilitará que algunos legisladores evadan sus responsabilidades legales y éticas, socavando la confianza ciudadana en las instituciones.
La protección a los representantes, sí, pero sin menoscabar la justicia, la transparencia y la lucha contra la impunidad son los principios que deben guiar cualquier cambio en el sistema.
Cabe también recordar que esta modificación de la Constitución preserva que los delitos comunes cometidos antes de que el senador o diputado entre en funciones no serán parte de la inmunidad parlamentaria. Esta precisión se hizo con el reglamento del Congreso desde 1993.

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