La economía después del 17A
Usual es en la prensa internacional designar fechas aciagas para la historia, con el día y la primera letra del mes en que ocurrió el hecho. Así tenemos el 11S para recordar el atentado de las Torres Gemelas, en Nueva York el 11 de Septiembre del 2001, o el 11M para identificar el atentado a la Estación de Atocha en Madrid el 11 de Marzo del 2004. En el caso peruano, el 17A será la fecha para recordar el suicidio del presidente Alan García ocurrido un 17 de abril, ante la indubitable persecución politizada que se le realizaba.
Es pertinente escudriñar los efectos que tendrá en la economía el 17A en este mandato, que culminará en julio del 2021.
Preveo en el Congreso de la República una oposición más confrontacional con el Ejecutivo y a éste con un enorme vocación de cerrar el Legislativo antes de julio del 2020, pues a partir de esa fecha, no podrá hacerlo según lo establecido en el artículo 134 de nuestra Constitución.
En el Congreso, la oposición estará conformada por Fuerza Popular, Concertación Parlamentaria y el APRA, que sumarán 62 votos y no le será nada difícil conseguir 4 votos adicionales para alcanzar la mayoría absoluta.
En el grupo de opositores no habrá obstruccionismo en temas económicos que no colisionen con expectativas sociales. Descarto cualquier posibilidad reformista, porque el Ejecutivo no lo intentará. Pero pronostico que serán implacables en denuncias en los grandes proyectos, lo que tendrá incidencia en el crecimiento del PBI.
Estarán en el ojo de la tormenta el Proyecto Modernización de Refinería Talara, donde el endeudamiento de la empresa, que bordea los 4,000 millones de dólares, comienza a ser de difícil manejo; en las responsabilidades en el arbitraje ante el CIADI por el Gasoducto Sur Peruano, que puede devenir en un impacto de 2,000 millones de dólares para el Estado; la Línea 2 del Metro de Lima, tanto en la solicitud de nuevas adendas, como en el desenlace del arbitraje en curso en el CIADI, por un monto de 260 millones de dólares; la solicitud de adenda por 110 millones de dólares por la española Cobra, para el Proyecto Majes-Siguas y el cofinanciamiento estatal para la Vía Expresa Sur, que se estima en 106 millones de dólares.
Después del 17A, la mirada laxa a las megainversiones con cuestionamientos no existirá.
