La docena sucia
Vizcarra quiere “su” reforma política, tal y cual fue diseñada en una docena de proyectos por “sus notables”. Los tales están encabezados por Fernando Tuesta, a la sazón destituido de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, en 2005, e inhabilitado por cinco años para ejercer la función pública por conflicto de intereses (mantenía contratada a su pareja). Tuesta renunció meses antes de eso para evitar ser destituido y sancionado por el CNM. No le resultó.
El presidente accesitario hastía con la coplilla de la reforma y las amenazas al Congreso de hacer “lo que sea necesario” –léase cerrarlo– “para lograrla”. Según este ex apoderado de la constructora Graña y Montero, en Moquegua, y ex proveedor de un consorcio en el que Odebrecht tuvo mayoría, “se requiere de una democracia más fortalecida, por eso es necesaria la reforma política, no es un capricho de una autoridad, es una necesidad de la población”. ¿Es urgente para la población “fortalecer la democracia interna de los partidos políticos” vía “elecciones para la selección de candidatos a cargos de elección popular”? Difícil creer que sea prioritario para millones de madres desempleadas, con hijos que alimentar entre esteras y cartones en los arenales de la periferia limeña o de quienes año tras año lo pierden todo, sea por el friaje o las lluvias. La población carente clama, más bien, por viviendas dignas y seguras; un colegio cercano para sus hijos, amén de atención del Estado.
La “docena sucia” distrae de la solapada intención de manosear a nuestra República, esa organización política casi perfecta, capaz de articular la democracia al orquestar los principios, valores y derechos individuales y estructurar el poder desde los límites y responsabilidades de los gobernantes y congresistas. En ese afán olvida la legalidad y destripa lo que conocemos como Estado de Derecho, agónico desde que la líder de la oposición, Keiko Fujimori, es una presa política; encierro preventivo similar al que el vizcarrismo, con su Fiscalía y Poder Judicial digitados, pretendía para el presidente Alan García, coincidentemente cabeza del Apra, otro partido opositor.
Quien tiene “necesidad” es el cuestionado Vizcarra. Al hombre le urge la aprobación de un proyecto específico de la “docena sucia” para eliminar la atribución del Legislativo de vacar al presidente de la República por incapacidad moral permanente, asunto señalado hoy en el artículo 113 de nuestra Constitución.
¡Un basurero para esa “docena sucia”, inútil y adefesiera!