La democracia peruana nuevamente en riesgo

Ayer se cumplió un año del golpe de Estado de Pedro Castillo, quien, en un intento desesperado por evitar su caída, pretendió convertirse en el dictador que muchos pequeños hombres sueñan ser algún día. Su gobierno de facto no duró más que un par de horas, antes de que la Constitución y el Estado de derecho se impusieran.

A pesar de que la guerra institucional parecía haber terminado luego de este momento crítico, incluso con una actual alianza asimétrica velada entre el Ejecutivo que no tiene bancada parlamentaria y el Legislativo, que cada día es más obvia, la realidad parece mostrar que la guerra institucional ha pasado a otra etapa, en la que las distintas instituciones del Estado luchan los unos contra los otros por su supervivencia.

Es posible que esta situación se haya generado a partir del desbalance del sistema, que es consecuencia del sometimiento fáctico del Ejecutivo sin bancada parlamentaria frente al Legislativo, lo que pone en riesgo la separación de poderes y, por lo tanto, a la democracia y al Estado de derecho.

Este contexto, de guerra institucional permanente y total, debilita al Estado y limita su capacidad de reacción frente a distintos fenómenos que afectan los derechos de los ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad nacional.
Por ejemplo, es sabido que la minería ilegal se ha extendido por el país, fortalecida por el crimen organizado internacional y otras economías ilegales como el esclavismo moderno: la trata de personas; el gobierno parece temeroso a enfrentar este mal, tal vez por la participación que estas economías ilegales tuvieron en las protestas de inicios de 2023.

El gobierno parece no tener capacidad de maniobra y teme dar cada paso; la consecuencia de esto ha sido el asesinato de diez trabajadores de la mina Poderosa hace unos días en Trujillo, a manos de mineros ilegales y miembros del crimen organizado internacional.

La seguridad ciudadana es lo más afectado por esta guerra institucional en el Estado, y las autoridades parecen incapaces de resolver los problemas a corto y mediano plazo, pues se encuentran combatiendo entre ellas, muchas veces recurriendo a mecanismos que desprestigian la democracia y generan la sensación de caos y desorden.

Los problemas que afronta nuestra democracia y ponen en riesgo la seguridad nacional en estos momentos, son distintos a los que el Perú enfrentó a inicios de año, con grupos focalizados distribuidos por todo el país, azuzando a la insurgencia y a la guerra civil; los cuales pudieron movilizarse gracias a los recursos que les brindó el gobierno de Castillo, sumado al dinero de diversas economías ilegales (que parecen haber logrado su objetivo de reducir la presencia del Estado frente a sus actividades).

La movilización radical y desesperada de inicios de año, sin lograr resultados contundentes y más bien trayendo perjuicios legales para sus incitadores, parece haber afectado la capacidad de movilización actual, encontrando movilizaciones poco contundentes y bastante más pacíficas que las posteriores al golpe de Castillo.

El problema que ahora enfrenta la seguridad nacional en el Perú es la consolidación de las economías ilegales en el contexto del crimen organizado internacional, que funciona como multinacionales, las cuales, al parecer, aprovecharon la violencia de inicios de año para establecer sus propias reglas de juego, frente al evidente vacío de poder del Ejecutivo y la superficialidad de las decisiones de las autoridades.

Este escenario resulta peligroso, pues el sistema está fallando de manera categórica, haciendo imposible que las autoridades democráticamente electas cumplan con su rol organizativo de la sociedad, y logren canalizar, adecuadamente, las demandas sociales, lo que permitiría el desarrollo de todos los ciudadanos con seguridad y pleno respeto de sus derechos fundamentales.

Todo esto debe ser leído desde la perspectiva de lo que indican las estadísticas respecto del apoyo a la democracia en el Perú: que solo el 50% de la población cree que la democracia es el mejor sistema político y que tan solo el 20% de la población está conforme con la democracia como la tenemos. El riesgo de tener por delante un gobierno autoritario está latente; no sería raro que discursos cada vez más radicales empiecen a ganar espacio y se hagan una posibilidad real para el año 2026.

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