La delincuencia es ya un peligroso problema socioeconómico

No cabe duda de que la inseguridad que hoy vivimos ha dejado de ser solamente un problema social para convertirse en una amenaza que está afectando seriamente la socioeconomía de nuestro país. Una de las razones por las que esto ocurre es que muchos políticos que opinan sobre el tema proponen soluciones políticas, pero no consideran adecuadamente a las organizaciones que los Estados han creado justamente para garantizar la seguridad necesaria que permita a una sociedad progresar socioeconómicamente.
En lugar de fortalecer dichas instituciones, se ha optado por medidas como modificar el Código Penal para aplicar el modelo que Nayib Bukele ha puesto en marcha en El Salvador o por entregar a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) la responsabilidad de combatir a la delincuencia. Lo cierto es que ninguna de estas dos soluciones resulta realmente aplicable a nuestra realidad. En el primer caso, porque El Salvador es un país mucho más pequeño –de hecho, tiene una extensión equivalente al departamento de Ica–, y en el segundo, porque las ordenanzas de nuestras FF. AA. no están diseñadas para hacerse cargo del orden público sin riesgo de cometer excesos o atropellos.
Sin embargo, existe una salida viable: la creación de una institución policial o militar que, por sus características, tenga la capacidad de imponer el orden con firmeza, pero sin cometer abusos. Esta solución no es nueva ni ajena a nuestra historia. Hasta el 6 de diciembre de 1988, el Perú contaba con una institución de ese tipo, que funcionaba dentro del marco policial.
Ese día se aprobó la Ley N.° 24949, que unificó a los tres cuerpos policiales del Estado: la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, para dar origen a la institución que hoy conocemos como la Policía Nacional del Perú (PNP).
Antes de dicha unificación existía una guardia civil denominada Guardia de Asalto, cuya función era mantener la seguridad, la tranquilidad pública y el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Política del Perú. Entre sus tareas estaban: prevenir, combatir, investigar y denunciar delitos y faltas previstas en el Código Penal, así como garantizar la seguridad ciudadana. Esta unidad era militarizada y, en momentos de crisis, como los que hoy atravesamos, imponía el orden necesario.
Hoy en día, la delincuencia ha alcanzado tal nivel que muchos ciudadanos han perdido la confianza en el Estado. Incluso hay zonas donde los delincuentes exigen pagos para “permitir” trabajar, de manera similar a como operaba Al Capone en su época.
Pensar que el problema de la seguridad pública es solo político es extremadamente peligroso, porque abre la puerta a que algunos ciudadanos crean que es válido y legal protegerse por su cuenta o contratar a terceros para hacerlo. El riesgo de que proliferen las justicias paralelas, o peor aún, las mafias privadas de “protección”, es real si el Estado no actúa con la firmeza e inteligencia necesarias.

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