La defensa de nuestra autonomía y la supuesta contrarreforma

Los sectores que se beneficiaron con la utilización sesgada de la Ley 30220, denominada Ley Universitaria, bajo la cual se produjeron un conjunto de atropellos contra el sistema universitario nacional, hoy advirtiendo que las acciones de reivindicación de nuestra autonomía universitaria tuvieron como corolario la promulgación de la Ley 31520, están desplegando una campaña sucia y desinformadora, con el fin de neutralizar la plena aplicación de la norma legal que restituye la autonomía a las universidades y le otorga un carácter más democrático y representativo al directorio de la Sunedu.

Los enemigos de la autonomía utilizan en forma maliciosa la frase “contrarreforma” a toda iniciativa legítima tendiente a reivindicar la fortaleza institucional de las universidades, difaman permanentemente a autoridades universitarias y a los miembros del Congreso que promovieron la aprobación y subsecuente promulgación de la Ley 31520. Es el caso del actual superintendente del ente regulador, quien en un artículo publicado en un medio de prensa escrita, al pretender relievar las supuestas virtudes de la Ley 30220 afirma que “la reforma universitataria puso fin al modelo de autorregulación de la Asamblea Nacional de Rectores y dispuso la creación de una superintendencia especializada”, que dicha reforma “colisiona con intereses políticos y económicos que no iban a rendirse fácilmente”. Al respecto lo que está aconteciendo en la actualidad es exactamente lo mismo que afirma el autor del artículo, pero al revés, precisamente porque la Ley 31520 aprobada por el Congreso y denominada “Ley que restituye la Automía Universitaria”, al ser respaldada por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional y empezar a ejecutarse, está afectando intereses de sectores políticos y económicos que no se rinden fácilmente, hay un partido que siente que se le está extinguiendo su espacio de copamiento de cargos y proyectos para su militancia, y determinadas empresas comerciales de educación superior que mercantilizaron el derecho a la educación al amparo y en contubernio con la Sunedu, vislumbran la extinción de sus privilegios.

El autor del susodicho artículo, al referirse a la recuperación de nuestra autonomía gracias a la Ley 31520, enfatiza que: “se trata de un duro golpe no contra la Sunedu, sino contra las universidades peruanas y sobre todo contra los estudiantes...” En este acápite cabe aclarar que fueron los exabruptos de la Sunedu y de quienes la condujeron hasta ahora, los que atentaron contra la educación superior en el Perú, sometiendo a las universidades a un estatus de interdictas, debilitándolas institucionalmente y, lo más grave, dejando en el limbo a miles de estudiantes que quedaron frustrados en su insoslayable derecho a adquirir una profesión, al ser afectados directamente con el cierre de sus universidades y no generarse procedimientos de reubicación de las víctimas. Por tanto no fue la ANR sino la Sunedu la que interpretando discrecionalmente el contenido de la Ley 30220, la que incurrió en un crimen de lesa educación.

También se afirma de manera infundada que “el Estado peruano ve severamente recortadas sus capacidades para regular y velar por la calidad de la educación superior” y cuestiona: “en la nueva legislación se suprime el papel del Ministerio de Educación como ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.” Al respecto, acudimos al aforismo jurídico que reza: “A confesión de parte, relevo de prueba”, quiere decir que cuando la persona confiesa su pecado o su delito nos releva de la obligación de probar la inconducta en que incurrió. En este caso, se está confesando que, a través de la intervención del citado ministerio, se estaba generando la intromisión del Gobierno en el quehacer universitario, contraviniendo el Art. 18 de la Constitución peruana que consagra la Autonomía Universitaria.

Queda claro entonces que los pataleos de ahogado de los que acusan a la Ley 31520 y sus promotores de impulsar una supuesta contrarreforma, en rigor de verdad es el testimonio desesperado de esos grupos de poder que por cerca de una década generaron una peligrosa involución en contra de la educación superior, en función de su beneficio político y económico. Pero no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista.

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