La Corte y la demagogia
El giro discursivo hacia el centroderecha de Boluarte tiene como ejes la defensa de la soberanía nacional y la eventual denuncia del Pacto de San José, pero cuidado con la demagogia oficialista.
Suena muy bien que la señora sostenga que: “Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía, y es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes. No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a la voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”.
Resultaba indispensable repudiar la intervención reiterada de la Comisión y la Corte IDH en actos soberanos como la ley sobre no retroactividad de la lesa humanidad para delitos cometidos antes del año 2002, y la amnistía para militares y policías perseguidos política y judicialmente durante tres décadas por haber luchado contra el terrorismo.
No obstante, ¿por qué la demora en retirarnos del Pacto de San José? Está claro que hay un solo camino posible: la denuncia de la Convención, siguiendo lo estipulado en el artículo 79 de la misma. Esto es, notificar la voluntad del Estado al Secretario General de la OEA un año antes de que la denuncia sea efectiva.
Dentro de su competencia, y sin aprobación previa del Congreso, Boluarte podría proceder de inmediato. Pero —cuidado con esto— los casos en curso no se paralizarían y la denuncia entraría en vigor un año después de la fecha en que se notifique. Ello significa que recién saldríamos del fuero jurisdiccional de la Corte hacia fines del 2027, con el nuevo gobierno. Antes es imposible pensar en normas drásticas subsecuentes como la pena de muerte.
Entre tanto, la defensa de nuestra soberanía no reside solo en “salirnos” a futuro del Pacto de San José, sino también en estructurar la defensa jurídica y diplomática del Estado peruano, porque si bien es verdad que el órgano jurisdiccional se ha politizado en extremo y pretende convertirse en un gobierno supranacional, también es cierto que sistemáticamente el Perú no ha tenido una sólida defensa de sus intereses y tampoco ha ejercido su derecho de inaplicar sentencias lesivas y desatender opiniones consultivas no vinculantes, lo cual depende de la voluntad política del gobierno.
¿Qué harán entonces la presidente y el ministro Santiváñez? ¿Seguirán solo con la bulla demagógica en aras de ganar oxígeno para un Ejecutivo desfalleciente, o darán pasos concretos?
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