La corrupción y la inseguridad…

En nuestros últimos artículos hemos venido analizando el tema de la corrupción y sus nefastas consecuencias políticas, económicas y sociales, pero lo hicimos con un lenguaje académico procurando encontrar algún resquicio de excepción a un escenario en donde el poder estatal ha desaparecido como garante de la paz y seguridad que sustentan un Estado Constitucional de Derecho, dando paso al imperio del poder criminal en contra de toda la población peruana, en cualquier lugar del país y en cualquier dimensión social y económica.
Ya el lenguaje no puede ser académico y tiene que ser directo y dicho con la mayor crudeza: donde impera el crimen, se enseñorea el soborno. El sobornado, al recibir la coima, entrega su poder y su existencia al corruptor, a quien le debe obediencia, de modo que a mayor amplitud de la corrupción, mayor poder delegado recibe el corruptor y, si este no quiere un resultado aislado en un caso concreto, sino el control poblacional zonificado y estratificado para cometer allí sus crímenes con total impunidad, ya nos encontramos frente al crimen organizado con un poder destructivo acrecentado hasta llegar a un punto en que ya no necesitará del sobornado para imponerse porque lo hará de todos modos a sangre y fuego.
Eso es lo que viene ocurriendo en el país. El crimen aleve, cometido abiertamente en lugares públicos y privados, el asesinato indiscriminado para los que se resisten a someterse a los dictados delincuenciales, los secuestros, la gran crueldad y ferocidad que todos los noticieros nos muestran apenas iniciado el día, los atentados con explosivos que cada día alcanzan un enorme poder destructivo como los coches bomba que hacía estallar el terrorismo.
La comisión de todos los hechos delictivos que con gran alarde de poder y crueldad cometen las organizaciones criminales contra nuestra población ha sumergido a esta en un estado de alarma, terror y zozobra, porque ya nadie se siente seguro ni en su casa, ni en su vecindario, ni en el transporte, ni en locales públicos o privados de trabajo, recreación o de servicios, temiendo a cada instante por su vida cuando sicarios acribillan a diestra y siniestra disparando armas de guerra o haciendo estallar explosivos militares, dinamita o anfo.
Ya no podemos negar que estamos ante organizaciones terroristas que están tomando por asalto todo el país y no solo la zona urbana. Nuestro sistema de justicia, con una legislación blandengue, dicta resoluciones que pretenden ser garantistas, pero para los derechos de los criminales, y se olvida que el derecho de la población prevalece cuando el derecho del individuo desborda los límites de la seguridad general.
El tratamiento de estos criminales tiene que ser diferenciado, tanto en lo sustantivo como en lo procesal y penitenciario. Así lo entendió Bukele y así lo está entendiendo Trump. Estas organizaciones criminales son organizaciones terroristas y así deben ser tratadas, pero, además, el Estado necesita un saneamiento moral integral: no hay entidad, ni siquiera la Iglesia Católica, que llegue al 50% de aprobación ciudadana.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.