La corrupción y el poder: la misma historia
Mirando en retrospectiva la actitud de ministros, consejeros, ayayeros y demás cortesanos del gobierno de turno, nos encontraremos con personajes que hacían alarde de una enfermiza incondicionalidad para defender lo indefendible para justificar los actos de sus líderes, renunciando a toda actividad mínimamente racional y crítica para ubicarse en el real contexto de responsabilidades, bloqueando de esta manera una mirada más serena de los hechos que mostraban indicios de tremendas responsabilidades administrativas y penales, por lo cual simplemente han apelado a sus dichos como únicas verdades absolutas.
Esto sucedió en los gobiernos de Fujimori, Toledo, Alan García, Humala, PPK y ahora con el presidente Vizcarra.
Se ha puesto de moda hablar del poder moqueguano y de hechos graves en el manejo de la cosa pública que ameritan la investigación pertinente o la reapertura de cualquier indagación hecha con demasiada tibieza en el pasado para archivarlas.
Sin embargo, produce no podemos ya definir si risa o depresión, escuchar a una ministra decir que “si ella viera un ápice de corrupción en el Presidente, no estaría sentada como ministra”. Nuestra pregunta es quién es ella para decirnos si el Presidente es o no es corrupto, porque eso lo tendrían que decidir las autoridades competentes. Si ella como muchos con discursos similares en el pasado cree lo que dice, es su convicción, su verdad, pero no es la verdad de todos porque los juicios subjetivos valen para cada uno, en el plano moral, pero en el plano jurídico, vale lo que las autoridades competentes dirán al final de las investigaciones pertinentes.
El problema suscitado con las denuncias periodísticas basadas en informes de la Contraloría y otras fuentes sobre presuntos actos de corrupción que habrían cometido funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión del ahora presidente de la República, con indicadores muy consistentes de irregularidades muy graves, en vez de provocar una rápida reacción de la fiscalía para investigar y del presidente para separar de sus cargos en ministerios y otras dependencias públicas a los ex funcionarios involucrados, los mantiene en sus puestos contra viento y marea, cuando por menos ha exigido de la fiscalía que mande a otros a la cárcel.
En la lucha contra la corrupción no podemos andar a tientas. Se investiga a todos cuando hay elementos para hacerlo y se actúa con todos con criterio de igualdad. Lo contrario demostraría temor y eso resultaría inaceptable en la más alta magistratura del país.
