La corrupción: nuestro peor enemigo…

Un país donde no funcionan los sistemas de control es un país destinado a desaparecer como Estado porque la anarquía que se implantará en él destruirá todo atisbo de Estado de Derecho tal y como viene sucediendo con Haití.
En el Perú nos desesperamos porque la inseguridad ciudadana no decrece sino que nos muestra un enseñoreamiento de la delincuencia callejera que opera bajo los designios de una criminalidad organizada, muchas veces supranacional, que mantiene su propia guerra de facciones por el control de negocios y áreas geográficas donde impone su reinado criminal para obtener gigantescos ingresos económicos del narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas (con una prostitución callejera que opera las 24 horas del día), contrabando y corrupción generalizada, cuyos fondos, para su blanqueo, corrompe todo el sistema económico y financiero con el subsecuente lavado de activos. El poder corruptor del crimen organizado es superlativo.
Para luchar contra toda esta lacra, se requiere que funcionen los sistemas de control previo y concurrente para evitar el hecho consumado que ya no tiene remedio. En nuestro país ese control no existe.
El control posterior no es eficaz ni efectivo y menos eficiente porque, cuando la autoridad golpea a una organización criminal, ésta tiene el poder suficiente para neutralizar las investigaciones tanto policiales como fiscales y los procesos judiciales, aún con el nuevo proceso penal, en manos de operadores fiscales y judiciales con absurdos criterios para desnaturalizar el concepto de derechos humanos, olvidando que la prevención especial siempre tiene como objetivo la prevención general, es decir, la represión del individuo inequívocamente debe servir para proteger a la sociedad en su conjunto, todo lo cual ocurre porque también el garantismo constitucional ha sido malinterpretado a favor de los delincuentes.

Si no tenemos controles previos ni concurrentes y el control posterior no es eficaz, efectivo ni eficiente, es más que obvio que la guerra del Estado contra la delincuencia para proteger a su sociedad será una guerra perdida pues las fuerzas de seguridad (contra las cuales el control posterior, fiscal y judicial, sí es eficiente para mandar a la cárcel a policías y militares) se retraerá en su accionar con lo cual la criminalidad continuará su desborde social y su poder corruptor se potenciará hasta el infinito.

Los controles internos, externos o mixtos vinculados a la Contraloría General de la República tampoco muestran éxitos tangibles, en cuya virtud la gran corrupción estatal crece desmesuradamente poniendo en la cola hacia la cárcel a expresidentes, exgobernadores, exalcaldes y exfuncionarios, los cuales se quedan en el camino por obra y gracia de una cuestionable actividad fiscal y judicial.

Alguna vez dijimos en esta columna que lo peor que le podría suceder al Perú es que el crimen organizado se infiltre en la estructura y en el corazón del aparato estatal, hipótesis no lejos de la realidad si tenemos en cuenta que hay mucho dinero para solventar cualquier campaña electoral.

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