La corrupción: ¿hasta cuándo?

A partir del segundo semestre del siglo XXI –tras acceder al poder Alejandro Toledo–, nuestro país se enfrascó en una profunda epidemia de megacorrupción de la cual –estando ya por concluir la primera cuarta parte del siglo– aún no avizoramos un horizonte de salida. Intentando cuantificar el colosal costo económico que implica tamaña conspiración, ayer EXPRESO estimaba en S/ 72,000 millones el monto robado al pueblo solo entre los años 2021-2023; parte ínfima del incalculable costo social de la corrupción, que ha empobrecido a sucesivas generaciones que continúan transitando a lo largo de este infausto cuarto de siglo. Porque, tal como van las cosas, el daño continuará empobreciendo a las futuras generaciones, con las graves consecuencias que significa este atentado contra la patria.
Como explicaba ayer EXPRESO, “ello no solo implica una gigantesca malversación de fondos, sino que constituye, de por sí, un sistema podrido que perpetúa la pobreza, frena el crecimiento y destruye cualquier esperanza de progreso para los peruanos. El impacto de la corrupción no solo se mide en grandes cifras que pierden los presupuestos nacionales, sino en los hospitales que no se construyen, las escuelas que permanecen en ruinas y las familias que siguen atrapadas en la miseria”. Hasta allí, el perjuicio es monumental. ¡Pero sus consecuencias van mucho más allá! La corrupción también tiene efectos negativos en la inversión privada y en la competitividad del país. Los empresarios ven en las prácticas corruptas una enorme barrera para el desarrollo de sus actividades, ya que deben enfrentarse a sobornos y extorsiones para operar en este ambiente corrompido, lo que igualmente desalienta la presencia de inversionistas extranjeros, esenciales para nuestro desarrollo. El Foro Económico Mundial ha señalado que la corrupción es uno de los principales obstáculos para hacer negocios en nuestro país, afectando concretamente la confianza de los inversores. Por si este colosal perjuicio fuese insuficiente, la corrupción se lleva parte de los recursos presupuestales destinados a proyectos de infraestructura y/o para obra pública, incluyendo viviendas sociales, escuelas, postas, hospitales, carreteras, etc. ¡Todo esto va quedando en propuestas! O, en el mejor de los casos, en obras a medio concluir que, al final del día, resultan tan inútiles como aquellas que nunca siquiera lograron comenzar a construirse porque los fondos presupuestados acabaron malversados por las autoridades estatales, infectadas por el poderoso virus de la corrupción.
Finalmente, también nos abruma la corrupción enquistada en la alta burocracia del Gobierno Central, Congreso de la República y Sistema Nacional de Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia), como consecuencia del chantaje de la mafia caviar propietaria de ciertas ONG que maman de la ubre estatal, a cambio de no crearles expedientes chantajistas a las autoridades del Estado y, además, para evitarles escandalosos rebotes en la prensa operada por las ONG, parte muy importante de su coercitivo poder chantajista. El nuestro es hoy un Estado podrido en todos sus espacios. Todo esto –y mucho más–, amable lector, grafica la magnitud de la podredumbre que tiene aniquilado al Estado peruano. ¿Hasta cuándo?

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