La contaminación lumínica sigue afectando la salud pública

La contaminación lumínica generada por anuncios luminosos afecta negativamente la calidad de vida de las personas, especialmente al interferir con su descanso nocturno. A nivel mundial, la regulación de esta problemática varía según el país y la región, pero, en general, se han implementado normativas para controlar la intensidad y el horario de funcionamiento de estos anuncios.
En el Perú, la Ley N.º 31316, conocida como la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, establece un marco regulatorio para todas las fuentes de contaminación lumínica en el país, incluidos los anuncios luminosos. Esta ley busca contribuir a la mejora de la calidad de vida humana y de la fauna silvestre, prevenir riesgos a la salud y promover la eficiencia energética. Sin embargo, luego de casi tres años y medio de haberse publicado, el Estado y el Ministerio del Ambiente, como responsables directos de abordar esta problemática, tienen una deuda pendiente con la población debido a la ausencia de reglamentación de esta ley.
Adicionalmente, en junio de 2024, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que busca derogar la Ley N.º 31316, argumentando la necesidad de promover la reactivación económica de la industria de publicidad exterior. Esta propuesta ha generado un intenso debate, ya que podría implicar la eliminación de regulaciones que protegen la salud de las personas frente a la contaminación lumínica.
Contrariamente, si observamos la tendencia en el ámbito internacional, muchos países europeos han establecido límites en la luminancia de los anuncios y restricciones horarias para su funcionamiento, especialmente en zonas residenciales. En los Estados Unidos, algunas jurisdicciones imponen límites estrictos sobre la iluminación de anuncios para proteger la salud pública y el medio ambiente. En Chile, se regula la publicidad luminosa para disminuir los impactos negativos en la salud de las personas, como las alteraciones del sueño.
Es fundamental que las regulaciones equilibren los intereses comerciales con la protección de la salud y el bienestar de la población, garantizando que la publicidad luminosa no comprometa el derecho al descanso y a un entorno saludable. Sin embargo, la realidad demuestra que los intereses particulares parecen estar prevaleciendo sobre el bienestar colectivo.
El Ministerio del Ambiente tiene la responsabilidad de priorizar la salud de la población por encima de cualquier beneficio económico o comercial. La contaminación lumínica no solo afecta la calidad de vida, sino también la salud física y mental de las personas, y es inadmisible que intereses específicos continúen relegando los derechos fundamentales de toda la sociedad. Es hora de exigir una acción decidida y responsable que ponga a la salud en el lugar que merece: por encima de cualquier otro interés.
@sandrostapleton

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