La Constitución y el JNE
En los últimos días, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha excluido decenas de candidatos al Congreso provenientes de diferentes partidos políticos por errores u omisiones cometidos en sus declaraciones de bienes y rentas.
Estoy completamente de acuerdo con que se establezca una severa fiscalización de los candidatos para impedir, de esta manera, que el Congreso se siga llenando de corruptos como ha ocurrido desde el inicio de la Era de la Corrupción durante el primer gobierno de García Pérez.
Pero debo expresar mi total desacuerdo con la forma abusiva e inconstitucional mediante la cual el JNE está sentando una jurisprudencia antidemocrática y restrictiva al excluir candidatos honestos a carta cabal por razones que rebasan el ámbito del control y se sitúan en el terreno de la arbitrariedad.
Por ejemplo, sin mencionar nombres: ¿qué ocurre con un candidato que vendió una moto hace muchos años pero ni él ni el comprador inscribieron la transferencia en los Registros Públicos y él no declara la moto porque ya no es de su propiedad y estaría mintiendo si así lo hiciera y no puede inscribirla porque no tiene idea sobre el paradero del comprador ?
Para el JNE este es un caso de omisión u ocultamiento que no solo merece ser sancionado con la exclusión del candidato sino que amerita una denuncia ante la Fiscalía de la Nación.
O lo que pasa con otros candidatos que por apresuramiento no han declarado bienes inscritos a su nombre en los Registros Públicos que son detectados precisamente porque obran en un registro público. Claro, el brazo sancionador del JNE no cubre a quienes realmente deben ser sancionados como son los que sí ocultan sus bienes o rentas provenientes de orígenes ilícitos.
La posición adoptada por el JNE no solo no contribuye a controlar a quienes sí deben ser excluidos sino que además es abiertamente violatoria de los artículos 31 y 35 de la Constitución en la medida en que conculca los derechos de los ciudadanos “a participar en los asuntos públicos”, se salta a la garrocha la presunción de inocencia y prescinde de los principios de razonabilidad y culpabilidad en un marco conceptual en el que, por lo menos en los casos de Perú Nación, está bien claro que no ha habido ni intencionalidad ni dolo.
Mi partido, Perú Nación, iniciará de inmediato todas las acciones necesarias para rescatar del abuso del JNE a nuestros candidatos excluidos por razones inconstitucionales que agravian al sistema democrático.
El JNE es autónomo en sus decisiones pero no se encuentra por encima de la Constitución.
¡Nadie lo está!
(*) Presidente de Perú Nación
