La coima brava
El caso de Sada Goray, que reemergió hace algunas semanas luego de un periodo de abstinencia y con el ingrediente de un expresentador de televisión como socio, merece formularnos, una vez más, la misma pregunta: ¿por qué, hasta ahora, la coima brava es indetenible en el Perú?
La respuesta parece, a primera vista, simple pero encierra una serie de aristas que es indispensable poner sobre el tapete y de las cuales emerge un tema central: todos los Presidentes del Perú desde 1985 han sido corruptos o pesan sobre ellos gravísimas acusaciones de inmoralidad y latrocinio y -no es sorpresa- hasta ahora ninguno ha sido condenado por tales delitos, incluyendo el suicidio de Alan García.
Ninguno ha sido sentenciado en un escenario en el cual la extradición de Toledo demoró 6 años y el caso Lava Jato -del cual es partícipe- languidece desde fines del 2016 y, según la procuradora ad hoc del Estado, su gran éxito ha sido lograr la sentencia condenatoria de un funcionario municipal de Susana Villarán y del monstruoso gobernador de Áncash.
De acuerdo a la propia información contradictoria proporcionada por dicha funcionaria se corre un grave riesgo de que Lava Jato caiga en el arma permanente de tanto delincuente en el Perú que no es otra cosa que la prescripción y está claro que los conspicuos integrantes del club, más bien el Cartel de la Construcción, han pagado sus penas -sospechamos cómo lo han hecho- y disfrutan de los placeres de refinados ambientes europeos mientras Odebrecht mantiene su capacidad de contratación con el Estado y paga una indemnización ridícula comparada con la plata que le ha robado a todos los peruanos.
Impunidad es la palabra que en forma, hasta ahora inexorable, acompaña a la corrupción en el Perú: el ejemplo más reciente es el blindaje de los “Niños” en el Congreso para asegurar su voto en la elección del Defensor del Pueblo, ex abogado de Vladimir Cerrón quien tiene condena firme de la Corte Suprema por corrupción.
El Estado peruano se ha convertido en un botín para los oportunistas que, ante tanto robo y tamaña impunidad, “invierten” su dinero para recuperarlo no por la vía legal sino a través de la coima y los negocios ilícitos amparados por un sistema judicial plagado de corruptos e impulsados por casos precedentes que conducen todos a la misma conclusión: con un poco de muñeca y plata como cancha se pueden hacer muchas cosas en nuestra Patria.
Por eso se debe acudir a la propuesta de mi partido Perú Acción que plantea la creación del Consejo Nacional de Moral Pública para que, actuando como órgano de control externo del Estado, se encargue de una tarea esencial: botar a los corruptos.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
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