La coerción contra Edmundo González

Hemos visto la grabación del embajador Edmundo González Urrutia –que ganó sin discusión las elecciones en Venezuela– desde su exilio en España, precisando que la resolución que reconoce la “victoria” electoral del dictador Nicolás Maduro la firmó como condición para que pudiera salir del país. El prestigioso diplomático venezolano ha denominado este hecho coacción, término que suele confundirse con la coerción. Voy a desarrollar, entonces, la naturaleza de la referida circunstancia que ha descrito en su testimonio de algo más de dos minutos, buscando precisar su exacta calificación, pensando en los periodistas que todo el tiempo están informando. Veamos.
La coacción se refiere, en la doctrina, al uso de la fuerza por parte del Estado, y aquí no es relevante que sea de un gobierno de facto o de una democracia. Lo importante es que el referido uso de la fuerza es ejercido por el poder central del Estado (gobierno), que tiene el monopolio de la coacción. Este uso de la fuerza es material y produce una afectación también material, generando un daño efectivo, tangible y medible por sus efectos visibles, de incontrastables lesiones, porque la coacción siempre es violenta. Ahora bien, el punto de quiebre y distintivo es que únicamente el ejercicio de la violencia será legítimo si proviene de quien ejerce el poder democráticamente en un Estado. Ese no es el caso de Venezuela, porque el gobierno de Maduro, al ser de facto, no es legítimo, ya que nadie lo respalda y, por tanto, es un usurpador del poder político porque nadie se lo ha concedido.
Fujimori dio un autogolpe en 1992 y, aunque fue un gobierno de facto, la inmensa mayoría de la gente lo legitimó, aprobando la medida tácitamente, guste o no. Nunca un gobierno de facto sin apoyo popular puede arrogarse la violencia legítima.
Lo que aconteció en la embajada del Reino de España en Caracas, donde se hallaba protegido González, fue distinto. Se trató de una conducta coercitiva exacta, es decir, una amenaza indubitable y, por supuesto, ilegítima por parte de la dictadura de Maduro –porque la inmensa mayoría de venezolanos la desconoce y rechaza–, dado que Edmundo González fue conminado a firmar. De lo contrario, no solo impedirían su salida del país, sino que su propia vida correría peligro.
El Estado democrático siempre ejerce la coerción legítimamente –salvo cuando cae en el abuso del derecho o en la arbitrariedad–, a través de sus medios y mecanismos de control social, como son las fuerzas armadas, la policía nacional o la ley (código penal), entre otros. Finalmente, la coerción (amenaza o advertencia legítima) y la coacción (uso de la fuerza o violencia legítima) solo se dan en los Estados democráticos en los que impera el Estado de derecho, y esto, por supuesto, no es lo que ha pasado en el caso del diplomático Edmundo González.
¿Qué hubo, entonces? Únicamente coerción ilegítima, porque la perpetró la banda, con Maduro a la cabeza, que sigue al frente del poder en Venezuela. En consecuencia, no se desprende que hubiera coacción, porque se hizo dentro de la Misión diplomática española, que es, imperativamente, inviolable.

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