La cárcel preventiva

En los últimos años, los fiscales vienen solicitando a los jueces penales que los inculpados sean recluidos en una cárcel preventivamente por un mínimo de siete meses y en gran parte por 36 meses, sin tener en cuenta la gravedad de la falta y sobre todo que recién se estaría iniciando investigación de su culpabilidad.

Este procedimiento, de acuerdo a ley, solo debe ser utilizado como situación excepcional o cuando el acusado haya cometido un acto flagrante y penado.

Estas decisiones las toman los jueces sin tener presente que la libertad es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos y además sin tener en cuenta que las cárceles del país están saturadas y que las condiciones de vida en ellas son deplorables e inclusive más del 70 % de los 90 mil presos en el país permanecen sin haberse resuelto sus juicios.

Están ahí presos preventivamente porque el juez prevé que el ciudadano que recién está inculpado puede fugarse del país, situación que pocos lo podrían hacer, ya que gran parte de ellos no pueden pagar ni los honorarios de sus abogados y, de lograrlo, es muy probable que al poco tiempo la Interpol los capture y los retorne enmarrocados.

Dentro de esta negativa realidad, lo preocupante es que tanto los fiscales que acusan y los jueces que resuelven, aparte de no aceptar lo que establece la Ley en que esta medida solo se aplica en casos extremos, no toman en cuenta lo traumático y complicado que es para una familia tener que desprenderse injustamente del padre o madre, rompiéndose la unión y soporte familiar y dejando desprotegidos a sus niños.

Con el fin de que tanto los jueces como los fiscales tomen conciencia de lo que representa para un ciudadano perder su libertad injustamente, sería conveniente que ellos al terminar sus estudios o preparación para realizar el cargo de fiscal o juez, vivan previamente en una cárcel unos 15 días y comprendan lo que implica tomar decisiones apresuradas e injustas.

Este sistema de práctica lo realizan casi todos los estudiantes que están a vías de graduarse de médicos, ingenieros, profesores, etc. Es obvio que una práctica normal profesional no es comparable con lo sugerido, pero a la vez hay que tener presente que la decisión de enviar a la cárcel a un INOCENTE, “preventivamente”, es una decisión muy fuerte que demanda tener muy claro qué representa el derecho de la Libertad y además conocer qué implica enviar, reitero, a un inocente a una cárcel peruana, que es bastante distinta a las existentes en el mundo.

Los abusos que cometen los fiscales y jueces al promover y dictaminar injustamente la cárcel se ha extendido al juez solitario que dictaminó, sin aceptar apelación alguna e injustamente, retornar a la cárcel al expresidente Alberto Fujimori, que ya había sido indultado por un presidente de la República, que tiene todas las facultades y autorizaciones constitucionales para realizarlo.