La cancillería peruana debe tener una posición firme sobre la dictadura venezolana

Mientras el 28 de julio será para los peruanos una fecha de celebración nacional al cumplirse 203 años de nuestra Independencia Nacional, ese día en Venezuela todos los habitantes de ese hermano país alicaídos y sin proyecto de vida por la dictadura de Nicolás Maduro, el continente americano y el mundo entero, verán consumarse la perpetuación del mayor sátrapa que gobierna Venezuela junto a la cúpula militar que lo sostiene.

Frente a esta realidad decantada nuestro país no puede mostrarse indiferente y debe sentar una posición de Estado. Maduro se ha burlado sistemáticamente de todos. Tiró al suelo el denominado Acuerdo de Barbados que fijó una ruta para el retorno a la democracia y sacó del camino a las candidatas de la oposición María Corina Machado, primero, y Corina Yaris, después, permitiendo que el distinguido diplomático Edmundo Gonzales se constituyera en candidato por la Mesa de la Unidad Democrática, el verdadero frente opositor al dictador. Hizo bien por cierto el embajador González, en no firmar el pacto para las elecciones del 28 de julio propuesto por Maduro pues es evidente que quiere acumular “pruebas” para luego validar su pseudotriunfo electoral.

Para nadie debe haber ninguna duda que el Consejo Nacional Electoral es absolutamente parcial y desde hace buen tiempo se ha convertido en un instrumento del régimen para seguir sosteniéndose en acto marginal a la democracia y el Estado de derecho, absolutamente ausentes en Venezuela. El Perú, que es autor de la Carta Democrática Interamericana, instrumento supranacional para la gobernabilidad de los países de las Américas, y fue el promotor del Grupo de Lima para coadyuvar en el camino para que Venezuela pueda hallar el camino para el retorno a la democracia, no puede continuar con una política exterior en acto marginal a lo que está pasando en Venezuela. La medida principista que corresponde a nuestro país deberá ser decidir el retiro del embajador del Perú en Venezuela y dejar la misión diplomática en el nivel de encargado de negocios.

El canciller actual que, antes de serlo, tuvo una posición frontal contra la dictadura de Nicolás Maduro, debería ser coherente con lo que defendió, como hice yo respecto de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la Convención del Mar, es decir, rompiendo definitivamente con la primera porque no existe para el derecho internacional, y reactivando el asunto pendiente de la Convemar para que sea aprobada por el Congreso pensando únicamente en los intereses marítimos del Estado peruano, ambos asuntos abierta y claramente sostenidos por mí antes de ser canciller y una vez en el cargo, ejecutados sin titubeos como me enseñaron mis maestros en la cancillería a ser consecuente con lo que siempre hemos defendido, solo consiguiendo acabar con la RASD, porque respecto del mayor tratado de los mares del mundo y al que Javier Pérez de Cuéllar llegó a llamar la “Constitución de los Océanos”, sigue habiendo muchas confusión y demagogia. A González-Olaechea, que ya nos ha demostrado que hará cualquier cosa para mantenerse en el cargo, le recuerdo que la factura la pasa la historia luego de dejarlo, con señalamientos a perpetuidad por la consumada inconsecuencia.

(*) Excanciller del Perú e Internacionalista

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