¡A la basura el informe rojo de la CIDH!

Con tan solo seis días de estadía en el Perú -según me aseguró el premier Alberto Otárola-, los zurdos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han tenido el desembarazo de deslizar, en su informe presentado el pasado miércoles, que habría habido ejecuciones extrajudiciales y masacres durante las violentas protestas producidas contra el Gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte, luego de que el exmandatario Pedro Castillo fuera destituido por perpetrar un golpe de Estado, el que, afortunadamente, no tuvo éxito por la respuesta inmediata de las instituciones.

El reporte de la CIDH quiere dar a entender que los militares y policías asesinaron a balazos a unos pobres indígenas. Lo cierto, sin embargo, es que las movilizaciones no fueron para nada pacíficas, sino todo lo contrario: los manifestantes quemaron vivo a un suboficial, orillaron hasta la muerte a seis soldados, tomaron aeropuertos, quemaron comisarías y sedes del sistema de administración de justicia, y bloquearon carreteras provocando la muerte de ciudadanos que no pudieron ser atendidos en hospitales.

No obstante, lo anterior descrito es calificado por el organismo rojo internacional solo como acciones que no están protegidas por el derecho a la protesta, cuando se trata, evidentemente, de cruentos actos terroristas.

También el informe de la CIDH tiene el descaro de cuestionar el exitoso modelo económico del país (gracias a este, desde los 90 se redujo la pobreza de 50% a 20%, aproximadamente), además de meterse en competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, como la elección del nuevo defensor del Pueblo o la eventual aplicación del antejuicio político para los titulares de los entes electorales. Esto no hace más de evidenciar su sesgo izquierdista, lo cual desmerece su documento.

Lo único rescatable del libelo es una obviedad: recomienda que la Fiscalía investigue los excesos que se hubiesen podido cometer para contener las feroces huelgas y que los jueces sentencien con imparcialidad. Eso es lo que todos esperamos: que se indague y sancione a quienes actuaron fuera de la ley.

Pero, dado el sesgo rojo de la CIDH y su vil objetivo de tirarse abajo el Gobierno de Boluarte, el informe debe ser arrojado a la basura, porque ni para envolver pescado sirve. Al final de cuentas, estamos ante un reporte que ni siquiera es vinculante y que solo repite lo que oenegés zurdas antes habían ya denunciado. En simple: no pasa nada si no le hacemos caso a ese papelucho.

No quiero terminar esta columna sin evidenciar la mala leche de H13, que, en su última edición, asegura que el Ejecutivo le echa la culpa de presuntos excesos en el uso de la fuerza a las FF.AA. y Policía. Si uno se pone a leer la respuesta del Gobierno a la CIDH, lo que ahí dice es que los posibles delitos están siendo investigados por el Ministerio Público y que seguirán su curso hasta hallar a los responsables individuales. Coleguitas, nada les cuesta revisar el documento antes de repetir como loros lo que un pequeño odiador -que en su momento fue fanático del ignorante chotano- pone en portada.

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