La anhelada paz social

Es preocupante para nuestro país el aumento de la polarización política, la corrupción, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y el ambiente de violencia en que nos vemos envueltos, cada vez más.
Las críticas a este panorama llueven desde los cuatro puntos cardinales, pero las verdaderas soluciones se hacen esperar por falta de liderazgos firmes que hagan frente a las situaciones de violencia con estrategias claras y definidas. No es necesario llegar al extremo de optar por políticas al estilo Bukele, como en El Salvador; pero, respetando la ley y los derechos humanos de todos, es urgente actuar con valentía.
Los hechos de sangre que se suscitan en torno al narcotráfico y la minería ilegal que, en zonas como La Libertad, están llegando a niveles de terrorismo, difícilmente se resuelven con todo el peso de la ley; lo cual revela una falta de voluntad política desde las instituciones fundamentales para llevarlo a cabo, lo cual produce desconfianza y hasta sospecha de contubernios al más alto nivel.
Lo mismo con los casos de extorsión que se han ramificado en Lima y el Perú, a tal punto que ya no hay actividad comercial, de pequeña o mediana escala, que no esté amenazada por el cobro de cupos. De “rey a paje” y al mejor estilo de la mafia siciliana en su momento, deben “aportar” sumas importantes de dinero si no quieren perder la vida a manos de pistoleros, tantas veces menores de edad, que actúan como testaferros de los capos.
También se extienden los secuestros al paso a cambio de altas sumas de dinero por el rescate, sobre todo en localidades alejadas de las ciudades o en barrios más populares, donde viven muchos comerciantes y profesionales provincianos exitosos, pero donde no llega la seguridad policial o no se abastece. El Estado está ausente, donde más se lo necesita.
El arrebato de carteras y dispositivos celulares ya se ha vuelto una modalidad cotidiana de delincuencia; pero las empresas de telefonía tampoco quieren colaborar anulando la capacidad de comunicación y uso de estos aparatos robados, porque pierden “clientela”, de la que están a la caza.
A escasos meses de iniciarse la campaña electoral, este clima de violencia, sin duda, va a alcanzar altos decibeles. La Presidencia de la República, como la composición del Congreso bicameral, van a estar en juego; el control del poder Ejecutivo, como del Legislativo, son “razones” más que suficientes para que las bandas de delincuentes quieran hacerse de un porcentaje, a fin de seguir actuando con impunidad.
La polarización política en que vivimos será el caldo de cultivo para que esta violencia se instale y llegue a niveles insospechados por la codicia y la ambición por el poder, muchas veces para beneficio propio o de grupos económicos. De todo ello se aprovechará la delincuencia organizada e internacional para ofrecer su ayuda a cambio de pingües beneficios.
El mensaje presidencial del 28 de julio, Día de la Patria, ha omitido informar sobre las estrategias y acciones que va a tomar para asegurarnos una óptima transición política, elecciones seguras y en paz. No es exagerado pensar que, si no se toman las medidas del caso, tengamos escenarios de violencia donde peligre la vida de los candidatos. Lo hemos visto en países vecinos.
La paz social es posible y necesaria, pero con una sólida voluntad política de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que solo puede ofrecerlo un liderazgo valiente y comprometido en hacer cumplir la ley y los valores sociales de convivencia justa.

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