La actividad empresarial del Estado es un medio de desarrollo

Durante años se dijo que la intervención del Estado en la economía era un error. Estados Unidos, máximo referente del libre mercado, defendía esa idea como principio. Sin embargo, hoy vemos que ese modelo ya no responde a las tensiones económicas y geopolíticas actuales.
El gobierno estadounidense ha empezado a tomar participación directa en empresas privadas estratégicas. Intel es el caso más visible, pero no es el único: la Casa Blanca también ha asegurado una “acción de oro” en U.S. Steel, se convirtió en accionista principal de MP Materials —clave en la producción de metales raros— y ha condicionado inversiones de Apple y Nvidia a decisiones de política pública. Lo que hace unos años habría parecido impensable, hoy se presenta como una necesidad.
Este giro no surge por convicción ideológica, sino por la evidencia de que el capitalismo, entendido de manera tradicional, muestra signos de desgaste. Ante la posibilidad de perder terreno en sectores clave, el Estado ha optado por convertirse en accionista y asumir un rol más activo en la economía.
En el Perú se instaló la idea de que la actividad empresarial del Estado era negativa por definición. Esa lectura fue usada como justificación para privatizar activos estratégicos en los años noventa. Sin embargo, la realidad demuestra que el problema no es la participación del Estado, sino cómo se organiza y con qué objetivos.
En el Senado, fui autor de la Ley de Actividad Empresarial del Estado que buscaba ordenar esa participación. La ley fue anulada tras el autogolpe de 1992, y lo que vino después fueron decisiones perjudiciales. Un ejemplo claro fue la venta del 60% de la refinería La Pampilla por 180 millones de dólares, una cifra muy por debajo de su valor estratégico y real.
La lógica de la ley era sencilla: la actividad empresarial del Estado no debía ser un fin en sí mismo, sino un instrumento para cubrir vacíos que la inversión privada no atendía. Se trataba de complementar al mercado, no de reemplazarlo.
La historia ofrece lecciones útiles. Tras la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa se sostuvo en gran medida en empresas públicas, apoyadas en el Plan Marshall. Energía, transporte e infraestructura fueron liderados por el Estado, porque el sector privado por sí solo no tenía la capacidad para asumir esos retos.
Hoy, Estados Unidos hace algo similar al intervenir en industrias vinculadas a la tecnología y la seguridad nacional. Lo hace porque no puede darse el lujo de perder control en áreas decisivas para su desarrollo y su posición en el mundo.
El escenario internacional también explica este cambio. La unipolaridad que dominó al final del siglo XX se ha debilitado. La irrupción de China y el fortalecimiento de los BRICS han cuestionado la hegemonía del dólar. Que algunos países ya comercien petróleo en sus propias monedas refleja un cambio estructural.
En ese marco, Estados Unidos entiende que dejar a la suerte del mercado empresas claves sería un error. La intervención estatal busca resguardar su competitividad en un entorno cada vez más disputado.
China, por su parte, ha consolidado un modelo de capitalismo de Estado que en apenas tres décadas sacó de la pobreza a más de 800 millones de personas, impulsó a su población hacia mayores niveles de productividad y convirtió al país en líder en innovación tecnológica y uso de inteligencia artificial aplicada en sectores clave, incluida la educación y salud.
En el Perú, las voces que piden la privatización de Petroperú pasan por alto la importancia de contar con una empresa estatal en un sector estratégico. Petroperú cumple un rol concreto en la estabilidad de precios y, en consecuencia, en el control de la inflación. Pretender privatizarla bajo la idea de que “el Estado no debe hacer empresa” es desconocer cómo funciona la economía en la práctica.
Más allá de los hidrocarburos, la ausencia de una participación estatal planificada ha dejado al país sin políticas claras en transporte ferroviario, energía eléctrica de largo plazo y producción de fertilizantes, todos sectores donde el mercado no respondió a las necesidades nacionales.
Lo que ocurre en Estados Unidos nos recuerda que la actividad empresarial del Estado no es un dogma ni un tabú. Es una herramienta que, bien utilizada, puede marcar la diferencia en momentos decisivos.
En el Perú necesitamos retomar ese debate sin prejuicios. La empresa privada es fundamental, pero no siempre cubre todas las necesidades del país. Allí donde el mercado no llega, el Estado debe tener la capacidad de actuar con responsabilidad y visión de futuro.

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