¿Justificándose para pagar US$ 2 mil millones por gasoducto?
Sistemáticamente, el gobierno de Martín Vizcarra, con sus afirmaciones a los medios de comunicación, está allanando el camino para que la opinión pública asuma como hecho natural que el Estado haga pago del valor contable neto de los bienes del Consorcio Gasoducto Sur Peruano SA (CGSP), cuyo valor es del orden de 2,000 millones de dólares (MMUS$), según versión de parte.
El caso se encuentra a cargo de un tribunal arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y tal como viene actuando el gobierno, se siguen acreditando pruebas a favor de la demandante, la española Enagas SA, socia del CGSP con 25% de participación.
Las pruebas referidas están en las reiteradas veces que desde el gobierno se ha mantenido en administración los bienes del CGSP, lo que da por sentado que el Estado asumirá responsabilidad monetaria por los mismos. Desde el primer día post caducidad, pudo decir al Consorcio que se hiciese cargo de todos sus materiales y equipos, que estaban en obra. Sin embargo, optó mediante Decreto de Urgencia, por asumir la administración, la reiteró en junio del año pasado mediante Decreto Supremo, y este año lo volverá hacer con provisión manifiesta en la Ley de Presupuesto del año 2019.
No solo lo mencionado constituyen pruebas contra el Estado, ahora se ha mencionado por parte del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, que el trazo del tendido de ductos será el mismo. A lo que el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, según el diario Gestión, ha agregado: “lo óptimo es que se utilicen los activos que dejó el CGSP”.
Queda clarísimo que la estrategia del gobierno será licitar la obra tal como se estructuró en el proceso llevado a cabo en junio del 2014, entregándole al ganador los bienes en administración por un pago, de cuya recaudación se honrará la pretensión del CGSP. En caso aquella fuese inferior a la valorización del Consorcio, la caja fiscal se deberá hacer cargo de la diferencia.
Hago dos reparos a esta posición: la pertinencia de pagar y el desequilibrio en el acuerdo de reparación con Odebrecht: pagará al Estado 200 MMUS$ corrientes en 15 años y nos cobrará 1,100 MMUS$ por el 55% de su participación en el CGSP.
