Justicia, transparencia y el caso Colchado

El caso del excoronel Harvey Colchado es un tema que no solo ha polarizado la opinión pública, sino que también ha puesto en evidencia serios cuestionamientos sobre la transparencia en las instituciones del Estado. A lo largo de su carrera, Colchado ha sido señalado por su protagonismo en investigaciones de alto perfil, pero también por irregularidades en su ascenso y presuntos actos de corrupción. Es imperativo que las autoridades esclarezcan su situación con el debido proceso y sin sesgos políticos.
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la aparente irregularidad en sus ascensos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según documentos oficiales, en solo cuatro años pasó de mayor a comandante y luego a coronel, beneficiándose de “acciones distinguidas” que, según la normativa, solo pueden otorgarse una vez en la carrera de un oficial. La posibilidad de que estas promociones hayan sido motivadas por intereses políticos debilita la credibilidad de la meritocracia en la institución policial.
A esto se suman las investigaciones fiscales en su contra. Colchado enfrenta acusaciones de negociación incompatible, falsedad ideológica y abuso de autoridad, además de estar vinculado a un caso en el que su familia alquiló un inmueble a la PNP mientras él ocupaba un alto cargo. Si bien toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la cantidad de señalamientos y el impacto mediático del caso exigen una investigación rigurosa.
Por otro lado, su rol en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) también ha sido objeto de debate. Sus acciones al frente de la unidad han sido interpretadas por algunos como una lucha contra la corrupción, pero otros sostienen que sus investigaciones han estado al servicio de un sector político específico. El hecho de que haya participado en casos de alto impacto, como la detención de Keiko Fujimori, Pedro Castillo y las investigaciones contra Alan García, Patricia Benavides y Dina Boluarte, refuerza la percepción de que sus intervenciones han tenido un fuerte contenido político.
Más allá de la controversia, lo que este caso revela es la urgente necesidad de fortalecer la independencia y transparencia en las instituciones de justicia y seguridad. No se trata de defender ni condenar a Colchado de manera apresurada, sino de garantizar que se haga justicia con pruebas y procedimientos adecuados. La lucha contra la corrupción no puede estar teñida de intereses partidarios, ni el aparato estatal debe ser usado como herramienta de persecución política.
El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos de manera objetiva. La ciudadanía debe exigir que este y todos los casos similares se resuelvan con la misma rigurosidad, independientemente de la identidad política del investigado. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que la justicia no sea utilizada como un arma, sino como un pilar fundamental del Estado de derecho.

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