Justicia chantajeada es injusticia

No es novedad que exista una institucionalizada podredumbre al interior del Sistema de Justicia del Perú. Venimos denunciando esto hace años y comprobamos que, cada día, está peor. Vivimos amenazados por un mecanismo aterrador, dirigido a utilizar al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación como mecanismos de coerción, para demostrar poder por parte de la corrupción. Un sistema basado en instrumentalizar el delito de extorsión contra ambas instituciones que, desde inicios de este siglo, se encuentran bajo el control criminal de la mafia izquierdista, la cual, a través de sujetos impresentables como Gustavo Gorriti, y usando como frente de defensa a las ONG que se autotitulan “paladines” de los derechos humanos, mantiene secuestrados el Ministerio Público y el Poder Judicial.
A tal extremo, que el hampa se irroga, sin el menor desparpajo, la facultad de “fiscalizar” —en rigor, de controlar— nuestro sistema de justicia, vía el chantaje tanto a jueces como a fiscales; fiscalización más falsa que billete de dos soles. Porque, por ejemplo, el sujeto Andrés Hurtado Grados, conocido como ‘Chibolín’, busca captar la atención de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, vía una carta amenazadora enviada desde el Penal Lurigancho. En ella, Hurtado —involucrado en mil y una aventuras presuntamente ligadas a la corrupción— dice tener información crucial que pudiera desencadenar investigaciones de alto nivel en las esferas oficiales. “Información que requiero compartirle, a efecto de que su despacho inicie las indagaciones correspondientes y se me brinde la protección necesaria, toda vez que vincularía a personas con influencias y a altos mandos”.
En otras palabras, exhibe la entraña chantajista de esta persona vinculada a episodios de corrupción de funcionarios; por ejemplo, en Migraciones, a una fiscal superior y a un posible esquema para la devolución de lingotes de oro, entre otras acusaciones, como reseñaba una información aparecida ayer en EXPRESO.
Este nuevo episodio evidencia otra faceta, tanto o más peligrosa que la vulnerabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial ante la camorra caviar. Hablamos del colosal temor del que son víctimas quienes dirigen nuestras instituciones del sistema de justicia, por parte de personas inescrupulosas, como el hoy prisionero Andrés Hurtado “Chibolín”, quien pide a la fiscal que lo reciba “para esclarecer investigaciones que me involucran”.
Esto, sin duda, significa un amedrentamiento a la fiscal de la Nación, desde que el presunto delincuente Hurtado “exige” ser recibido por la máxima autoridad del Ministerio Público, aduciendo ser poseedor de “información de importancia y de sumo interés” para la opinión pública, con el propósito de que “su despacho inicie las indagaciones correspondientes y se me brinde la protección necesaria, toda vez que aquello vincularía a personas con influencias y a altos mandos”.
¿Con qué derecho un reo —cumpliendo 18 meses de prisión preventiva— se permite pedirle una cita a la fiscal de la Nación para revelarle información “de sumo interés público que vincularía a personas con influencias y a altos mandos”? ¿Acaso esto no es un descarado chantaje? Claro que sí. Pero así de amedrentada se encuentra nuestra justicia.

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