Justicia al margen de la Constitución es injusticia

De los sesenta jueces que deben formar parte de la Corte Suprema de Justicia del Perú, solo dieciséis son titulares; otros veinte la ejercen provisionalmente a través de lo que llaman “jueces supernumerarios”, que en nuestro caso suman dieciocho. Asimismo, solo quince magistrados ejercen el rol estrictamente jurisdiccional, considerando que tres de ellos se encuentran cumpliendo roles de gobierno dentro de la institución: uno como presidente de la Corte Suprema de Justicia y dos conformando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Finalmente, un magistrado hace las veces de jefe de control disciplinario del Poder Judicial y otro funge de vocal supremo cumpliendo roles como presidente del JNE.
La actual presidenta de la Suprema es Janet Tello, quien, según información publicada por este diario, forma parte del “think tank” caviar de su alma máter, la Universidad Católica. Su enfoque en temas de género y su cercanía ideológica a la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), de Gustavo Gorriti, demarcan su perfil. Consecuentemente, forma parte de la progresía caviar que, de manera gremial, se manifiesta en la llamada Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM), de la cual Tello es fundadora.
Como parte del JUSDEM, ella coordina con el magistrado Oswaldo Ordóñez, aquel juez que favoreció el infame acuerdo secreto con Odebrecht. Asimismo, Tello coordina con IDL y Aprodeh para incordiar al Estado, denunciándolo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos son los principales rasgos de la trayectoria de la actual presidenta de la Corte Suprema del Perú. Lo que no deja de revelar que, a través de ella, continúa estampado el sello indeleble del manejo político de nuestra judicatura.
Yendo al grano, y al margen de su indudable politización, su falta de profesionalización y el hecho de operar con la tercera parte de los magistrados que debería conformar, ¿cómo es posible que la Corte Suprema incumpla tan descarada e impunemente sus obligaciones, operando con un número menor de vocales al que está forzada a tener? ¿Con qué descaro, entonces, nuestro país puede afirmar Urbi et Orbi que la democracia se encuentra garantizada en el Perú y que la justicia impera en nuestro país? Porque, considerando su abierto desacato a las obligaciones de carácter constitucional, es más que evidente que la Corte Suprema, máxima exponente de la justicia peruana, ha infringido nuestra Carta Magna y, consecuentemente, se encuentra al margen de la Constitución y de la ley. Quizá únicamente en Haití o en algunos de esos abandonados países africanos su máxima Corte de Justicia opere con la tercera parte del número de miembros reglamentarios que dicta su ley orgánica. ¡Pero acá, es un escándalo!
Dato curioso: En EE. UU., país habitado por más de trescientos millones de personas, la Constitución no especifica el número de miembros que debe tener su Corte Suprema. Es el Congreso el facultado para hacerlo. Originalmente, en 1789, el número total de jueces supremos fue seis. En 1807, fue ampliado a siete; y, desde 1863, el número es nueve: un presidente y ocho jueces asociados.

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