Inútil confrontación…

Mientras que la población se siente desprotegida, con su vida en ascuas por la constante agresión de la delincuencia organizada, que está matando la iniciativa de los pequeños y medianos emprendedores con cupos y extorsiones que cada día incrementan el número de asesinatos de manera impune, en lo más alto del poder político, los actores, ajenos a su función de trabajar por y para la población a fin de satisfacer cada vez más y mejor sus derechos fundamentales, se han enfrascado en una guerra sin cuartel, a veces encubierta y otras dramáticamente públicas.
En el Congreso se advierte la concurrencia de fuerzas políticas irreconciliables entre sí, pero que han encontrado la fórmula ideal para materializar una coexistencia pacífica en la cual ninguna pierde, todas ganan, sin importar el costo ético ni la estabilidad política y social, mostrándose ante la ciudadanía como una casta por encima del bien y del mal, porque, sin ningún pudor ni autocrítica sincera, ahora hay una fiesta de alianzas y coaliciones en las que no hay un pensamiento central que los una y tampoco un plan de gobierno coherente y sincero, sino que resulta harto evidente que cada integrante se une o desune según se satisfagan o no sus pretensiones particulares.
El crimen y la corrupción campean por todos lados y todos vuelven la cara para eludir su responsabilidad de crear un marco jurídico idóneo y aplicar mecanismos eficaces que la población los perciba así, en una lucha contra la delincuencia que casi está gobernando el país porque controla amplias zonas urbanas y rurales, que exige una respuesta severa y sin contemplaciones.
En este escenario, los intentos desde el Congreso para poner fin al eterno ridículo de persecución de los agentes del orden que lucharon contra el terrorismo más sanguinario que se desató en el país, al que aliados infiltrados en todos los sectores victimizaron hasta las lágrimas, institucionalizando el pago de ingentes sumas de dinero a los que tanto daño hicieron al país, siguiendo la línea jurisprudencial de una justicia supranacional que le ha venido haciendo el juego al terror en toda la región con fallos lesivos no a los gobiernos de turno, sino a las naciones agredidas, vienen siendo neutralizados por un sistema de justicia que acude a interpretaciones jurídicas propias de absurdas paradojas cuando, en vez de propiciar la paz, incentivan los odios, rencores y la ciega confrontación entre peruanos.
Otra perla es la guerra entre el Ejecutivo, con la señora presidente a la cabeza, y el Ministerio Público, con la señora Espinoza actuando unidireccionalmente en contra de un grupo de poder, pero ralentizando u ocultando investigaciones contra otro grupo con tanta o más responsabilidad penal, dando la impresión de instrumentalización de la Fiscalía para actuar contra unos y no contra los otros.
El asunto es que el sistema está desquiciado y tienen razón los que exigen una urgente reforma del sistema de justicia, aunque todo inicio de reforma comienza con el descabezamiento institucional. El pueblo castigará a los políticos en las urnas.

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