Intromisión del Poder Judicial
Expreso ha informado de la intromisión del Poder Judicial en funciones del Congreso de la República. Se ha referido a que los denominados “jueces suplentes” también han atentado contra las funciones del Tribunal Constitucional y no son procesados. Lo denunció el jurista Ángel Delgado. Estos hechos no podían silenciarse. Los administradores de justicia consideran que “sus decisiones” “son exclusivas e independientes” “amparándose” en los artículos 138° y 139° de la Constitución y suponen que pueden interferir en las atribuciones del Legislativo y del Ejecutivo. Los magistrados estiman que pueden emitir resoluciones más allá de sus atribuciones. Este es un serio problema que afronta la sociedad.
Omiten actuar acatando el artículo 109° de la Constitución, amparándose en su “independencia y exclusividad”. Sin embargo, generalmente incumplen con admitir las demandas, disponer las audiencias y expedir las resoluciones (sentencias) dentro de los plazos correspondientes. Las sentencias las emiten no solamente en meses sino hasta en años; igual en las instancias superiores y suprema. Los juicios demoran años afectando los procesos sobre pago de pensiones jubilatorias, alimentos, laborales, civiles; en materia penal es público que muchas veces sobreviene la prescripción favoreciendo a los autores de delitos porque los magistrados y auxiliares no cumplieron con actuar dentro de los plazos procesales nítidamente establecidos. Estos son solamente algunos hechos.
No obstante, las facultades de los presidentes del Poder Judicial, Salas Supremas, Superiores y aun en los órganos de Control –Ocma u Odecma– ante las dilaciones incumpliendo los plazos procesales, en el Poder Judicial terminan con eximir de responsabilidad a sus magistrados que no cumplen con sus deberes y obligaciones de emitir sus resoluciones dentro de los plazos establecidos. Pero tratándose de afectar las funciones del Congreso, Ejecutivo y aun del Tribunal Constitucional, evidentemente actúan sin “demoras”. En el fondo, en los casos como el expuesto por el jurista Ángel Delgado, en el Poder Judicial están admitiendo la politización de la justicia. Otra muestra –que compromete al Ministerio Público– es que a pesar de años de las acciones “investigadoras” y de enjuiciamiento por actos de corrupción del presidentes de la República, ministros, funcionarios públicos, jueces, hasta la fecha no se les sentencia.
Lo expuesto no puede silenciarse. Es tiempo en que se modifiquen los Códigos Civil, Penal, los procesales y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y el Ministerio Público estableciendo sanciones para los magistrados que incumplen los plazos procesales.
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