Inteligencia artificial y justicia

La inteligencia artificial cada vez más se encuentra inmersa en el mundo jurídico. Si bien puede ser tomada como una vía frecuente para vulnerar derechos como la libertad de expresión, la protección de datos personales o el derecho a la intimidad, no podemos dejar de lado su gran potencial como una herramienta eficaz en los servicios judiciales.

A través de la sistematización de datos, simplificación de procesos se facilita la accesibilidad, celeridad y una toma de decisión más eficientes favorables a la administración de justicia.

Hoy en día la tendencia es un sistema judicial versátil, con procesos simplificados, accesibles e inclusivos, características que se pueden lograr a partir del uso de tecnologías IA en procesos donde la precisión en la identificación de datos, el detalle en la recolección de data así como la interpretación avanzada por algoritmos de casos judiciales complejos son relevantes para favorecer derechos como los procesos penales en los que muchas veces está en juego la libertad individual de una persona.

Ahora bien, es cierto que el uso de estas nuevas tecnologías podrían acabar con las taras judiciales, como la sobrecarga procesal o la demora en la resolución de los casos, que incrementan las costos judiciales a los que hace frente el litigante, sin embargo, también es cierto que es su uso ético el gran reto por cuanto su finalidad es garantizar procesos eficientes, rápidos y justos sin vulnerar la dignidad humana.

Entre las preocupaciones que ha despertado la IA se encuentran los sesgos muchas veces arbitrarios en el análisis de los datos que pueden originar situaciones de posible discriminación.

En este orden de ideas, es importante mencionar las recomendaciones emitidas por UNESCO sobre la ética de la Inteligencia Artificial abordando la necesidad de: a) una reflexión ética sobre la IA basada en un marco integral, global, multicultural y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes; b) promover la justicia social, la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación, garantizando la accesibilidad de las tecnologías, una educación abierta en competencias digitales, y la alfabetización mediática e informacional; y c) alcanzar sociedades pacíficas, justas y solidarias, sobre la base de un futuro interconectado.

En el Perú, estamos entrando de a pocos en la era de la IA incorporando herramientas como el expediente electrónico, las videoconferencias, la firma digital, encaminado a lograr los objetivos de la economía procesal, la celeridad, inmediación y acceso a la justicia. Aún está pendiente su aplicación a modelos interpretativos jurídicos y al ejercicio de ponderación, sin pretender prescindir del razonamiento judicial objetivo y experto de los jueces.

Además, no hay que dejar de lado la importancia de la capacitación de los operadores de justicia y una regulación apegada en estricto a un sistema democrático garantista.

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