Inteligencia Artificial: entre la innovación y la responsabilidad
El reciente Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 31814 sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el Perú, marca un hito en la ruta hacia una adopción responsable de esta tecnología. No se trata solo de incorporar herramientas digitales en la gestión pública y privada, sino de garantizar que lo hagan bajo criterios de ética, seguridad y respeto a los derechos fundamentales.
El Reglamento establece principios que, aunque técnicos, tienen una dimensión profundamente humana: la transparencia algorítmica para que los ciudadanos comprendan cómo se toman las decisiones automatizadas; la supervisión humana para evitar que la IA sustituya el juicio crítico; y la protección de la privacidad en un contexto donde los datos personales son el petróleo del siglo XXI.
Un aspecto central es la clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo. Esta medida permite distinguir entre aplicaciones de bajo impacto —como asistentes virtuales en trámites administrativos— y usos de alto riesgo, como los vinculados a la salud, la seguridad o la justicia. Al reconocer estos escenarios, se abre la puerta a un marco diferenciado de obligaciones que previene abusos y promueve confianza.
Tanto el sector público como el privado deberán asumir compromisos concretos en materia de ética y seguridad. No basta con invertir en innovación: la tecnología debe estar al servicio del ciudadano y no al revés. Aquí radica el verdadero desafío, pues el cumplimiento normativo debe ir acompañado de una cultura organizacional que valore la transparencia y la responsabilidad.
Asimismo, la promoción de entornos de prueba controlada (sandboxes regulatorios) y la alineación con estándares internacionales de gestión y seguridad son señales claras de que el país busca insertarse en la conversación global sobre gobernanza de la IA. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad de nuestras instituciones para fiscalizar, y de la voluntad de las empresas para adaptarse más allá del mínimo legal.
El Perú tiene la oportunidad de aprovechar la inteligencia artificial como motor de desarrollo económico y social, siempre que se asuma con visión estratégica y con sensibilidad hacia los riesgos. Regular la IA no significa frenar la innovación, sino encauzarla hacia un horizonte donde la tecnología y los derechos ciudadanos caminen de la mano.
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