¡Insisto!: no hay que politizar los organismos constitucionales

En reiteradas oportunidades he manifestado mi opinión en el sentido de que el mal funcionamiento de las instituciones del Estado (incluyendo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) no es necesariamente su organización o estructura, sino son las personas que las integran; pues, se puede variar la forma cómo se selecciona, designa o eligen a sus integrantes, pero si la mayoría de ellos tienen los mismos defectos o malas costumbres con tendencia a la corrupción, similares a los que de hoy reclamamos un comportamiento distinto, cualquier modificación a las normas legales vigentes no van a tener el resultado esperado.
Con motivo de los acontecimientos que involucran a la Junta Nacional de Justicia, al Ministerio Público, y a los organismos electorales (JNE, ONPE y RENIEC), derivados de la suspensión de su cargo, como Fiscal de la Nación de la Dra. Patricia Benavides, de las opiniones y observaciones que se hacen, desde hace muchos meses sobre el ejercicio de sus funciones del titular del Jurado Nacional de Elecciones, la no ratificación para un período adicional del actual Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la posibilidad que la actual Jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pueda correr la misma suerte, se han comenzado a analizar y/o proponer en el ámbito político, especialmente en el Congreso de la República, una serie de propuestas orientadas a modificar el texto de nuestra norma constitucional vigente, capaz con “buena intención”, pero con una equivocada orientación.
La desaparición de la Junta Nacional de Justicia, la cual nació mal por haber politizado la designación de sus miembros, bajo el argumento de que debe primar lo meritocrático, es el objetivo en el cual está hoy embarcado el Parlamento. Con relación a este organismo constitucional, hay que recordar que cuando se creó el llamado Consejo Nacional de la Magistratura, cuyas funciones hoy le corresponden a la referida Junta, se hizo para extraer del manejo político la selección y nombramiento de los jueces y fiscales y, para ello se concibió que, de alguna manera, el indicado Consejo debía representar a la población, razón por la cual sus integrantes debían ser elegidos por las instituciones organizadas y particularmente, algunas de ellas vinculadas a la administración de justicia, como son el Poder Judicial, el Ministerio Pública, los Colegios de Abogados, los otros Colegios profesionales, y las universidades públicas y privadas. Pero, fue tan mal concebida la conformación de la mencionada Junta que ni siquiera se percataron los legisladores que “la abortaron” que, en la “Comisión Especial” que selecciona a sus miembros están el presidente de la Corte Suprema y el Fiscal de la Nación; es decir, ellos seleccionan a sus fiscalizadores. Tremendo error de conformación: ¿verdad?
Por otro lado, se pretende que la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones no corresponda, siempre, al representante de la Corte Suprema; desconociendo que cada uno de sus cinco integrantes son primus interpares (“el primero entre iguales”). Así ha funcionado desde su creación, hace más de 20 años, y no ha generado ningún problema entre los miembros titulares que lo conformaron en sus diferentes épocas, los cuales, inclusive, supieron proteger y defender, como lo manda la Constitución, la autonomía de su fuero, hoy lamentablemente sometido a otros poderes externos. Así que mejor dejemos al JNE como está, y se dejen hacer “experimentos innecesarios”.
Asimismo, resulta ser una real preocupación la propuesta presentada para que los jefes de la ONPE y del RENIEC sean elegidos por el nuevo Senado. Pues, sería un reiterado error otorgar esa facultad a un órgano eminentemente político, el cual, como se evidenció en la decisión legislativa para la existencia de una segunda cámara, donde ha primado el interés particular sobre el interés general, podría dar lugar a que se desnaturalice el funcionamiento de estos dos organismos electorales. En todo caso, si algo quieren hacer, se debería extraer de esta facultad al órgano encargado de seleccionar magistrados; y, en su lugar, podría atribuirse al JNE, como colegiado especializado, que sea este el que los seleccione.

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