Inmunidad parlamentaria, ¿para qué?

Hablar a favor de la inmunidad parlamentaria en estos tiempos es una especie de suicidio político y quizás más de una persona ya empezó a enfurecerse conmigo sin haber terminado de leer esta columna.
En la actualidad los parlamentarios gozan de inmunidad parlamentaria porque están protegidos para opinar y votar como les dé la gana y también la tienen para cualquier presunción de delito ligados a la función parlamentaria. Es decir que no es verdad que el parlamentario no tenga inmunidad como se da a conocer equivocadamente. La ley N.º 31118 estableció que el procesamiento de la comisión de delitos comunes imputados a congresistas durante el ejercicio de su mandato estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia y que la comisión de delitos comunes antes de asumir el mandato es competencia del juez penal ordinario.
Como vemos la inmunidad parlamentaria existe pero no al 100% como se nos pretende hacer creer, no sé si por “destruir más a la clase política o por ignorancia”.
Los cierto es que hoy nuevamente se reinicia el debate sobre la inmunidad parlamentaria para los delitos comunes y hay un gran sector de la población que está en contra de su restitución, pero ¿tendrán la razón?
La inmunidad parlamentaria nace con el propósito de proteger procesalmente a los parlamentarios, dado que éstos podrían ser sujetos de denuncias judiciales, con fondos políticos y así evitar que realicen sus funciones de control, fiscalización y legislativa con plena libertad. De esa manera el parlamento evaluaba si la denuncia tenía algún fondo político, y si no la tenía, se le levantaba su inmunidad para que pueda ser procesado por el Poder Judicial. El tema está que ahora y no de gratis, la población está en contra que los parlamentarios estén protegidos para ser procesados por delitos comunes, pensando que siempre tendremos a algunos parlamentarios con mala reputación pero no siempre será así. Para eso aprendemos a votar correctamente y también debemos tener contra pesos; cambios de congresistas por tercios o mitades a la mitad del período, ingreso del accesitario por faltas éticas, entre otras. Lo que necesitamos es fortalecer la institución del parlamento y no debilitarla. Debemos tener una institución solida con parlamentarios capacitados y con mecanismos de evaluación permanente de la población. La reforma que pueda aprobarse debería aplicarse para el Congreso del 2026 y no para este, evitando que sean juez y parte.

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