Injerencias
Es natural que nos incomode la nariz metida en nuestros asuntos por parte de naciones y entidades extranjeras cuando se fuerzan motivos o argumentos que pretenden justificarlo. La soberanía no solo implica defender la integridad del territorio donde nacimos y tenemos vínculos de sangre. También nuestro derecho a resolver los entuertos internos bajo las normas que nos rigen y los mecanismos institucionales, por más que sean cuestionables para algunos o muchos.
Así lo dejamos en claro el mes de junio del año pasado cuando diversas embajadas del mundo occidental —encabezadas por los Estados Unidos de Norteamérica— emitieron un indignante pronunciamiento contra el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que fortalecía a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en su función fiscalizadora de las asignaciones económicas recibidas desde el extranjero. Dictamen que ahora es ley.
Claro, EE. UU. todavía estaba gobernado por los liberales wokistas de Joe Biden y ellos ni soñaban que nuevamente arribaría a la Casa Blanca un Donald Trump recargado, quien dispuso de inmediato un brutal recorte de las asignaciones de USAID a muchas ONG parasitarias (y lamentablemente a otras que no lo son). El nuevo orden impuesto por Trump le ha tapado la bocota injerencista a misiones diplomáticas llamadas a mirar los acontecimientos peruanos con una lupa más grande y no bajo su antiguo sentimiento de culpa colonial.
Durante la semana precedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha incurrido en una deleznable intervención sobre nuestros procedimientos legislativos pidiendo suspender el curso del proyecto de ley aprobado por el Congreso mediante el cual se concede amnistía a militares, policías y comités de autodefensa que participaron en la lucha antiterrorista del periodo 1980-2000. Norma que no reivindica impunidad alguna, sino que devuelve la dignidad a los valientes compatriotas encargados de librarnos de la acción criminal de las bandas subversivas.
Pero igual como reprobamos estas y otras extralimitaciones foráneas, también debemos hacerlo con las absurdas referencias de la presidenta Dina Boluarte a los “estados fallidos” de Cuba y Bolivia, países con los que hay un nexo diplomático. Las autoridades gubernamentales no están para juzgar lo que ocurre en patios ajenos. Menos aún el de naciones con las que tenemos límites fronterizos, como el caso boliviano.
Boluarte vivió en carne propia la arremetida de Andrés López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro (Honduras) y Gabriel Boric (Chile) tras la caída del golpista Pedro Castillo. Boric —gracias a su inteligente y pragmático canciller Alberto Van Klaveren— dio un paso atrás casi de inmediato y mantuvo en buen estado nuestras relaciones. A Petro no le ha quedado otra cosa que dejar trabajar a su Ministerio de Relaciones Exteriores en un discreto pero efectivo contacto con su par peruano. Claudia Sheinbaum sigue protegiendo al delincuente Castillo y su familia. Castro importa un bledo en la comunidad americana. Allá ellas.
Ninguna injerencia es válida. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo.
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