Indecopi decidirá suerte de palmicultura peruana del biodiésel
Está muy cerca la toma de decisión por parte de la más alta instancia de Indecopi sobre la importación de biodiésel (B100), que decidirá el futuro de los palmicultores peruanos que desde hace 19 años pusieron sus expectativas en la producción destinada al suministro de dicho biocombustible.
El caso en disputa es la apelación por parte de la Cámara Argentina de Biodiésel (Carbio), para que no se apliquen los derechos antidumping (DA) y compensatorios (DC), impuestos por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias (CDB), y que estarán vigentes hasta el año 2026.
El tema es trascendente y tiene varios aspectos: cuantía del mercado, prácticas anticompetitivas y referencias internacionales; siendo el correlato la afectación a la cadena de producción nacional que involucra a: agricultores, transportistas, plantas de extracción de aceite y de producción de biodiésel.
El mercado peruano a precios actuales es del orden de 600 millones dólares (MMUS$), cantidad significativa que motivará el “todo vale” para influenciar en la decisión que debe tomar el tribunal. Un argumento será el beneficio del precio bajo, que solo es válido si estamos en un contexto de buenas prácticas de competencia, que la CDB ha considerado que no existen. En este punto es importante las referencias de las decisiones tomadas en los Estados Unidos y la Unión Europea sobre el mismo tema.
La afectación a la cadena productiva local tiene un aspecto adicional, la palma es un cultivo alternativo al arbusto de coca. Hoy, estamos en una situación muy complicada en la política de la lucha contra las drogas, pues el área cultivada de coca se ha incrementado significativamente.
La desarticulación de las entidades estatales que tenían que ver en la promoción de los biocombustibles ha primado. El desinterés ha devenido en que los agentes del mercado tengan que lidiar solos contra diversas modalidades ilícitas usadas por los importadores.
Indecopi a pesar de sus decisiones tardías, ha sido la única institución que ha participado en la protección de derechos. No se trata de pedir excepcionalidades que favorezca a la cadena productiva nacional, sino que se exija el cumplimiento de reglas de libre competencia.
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